La Procuraduría encontró al exalcalde culpable de desacatar al Concejo tras usar vacaciones para asistir a conferencia anticorrupción en Egipto. Como ‘El Tractor’ se burló de los cabildantes desde el país africano, la entidad consideró que sus acciones constituían una falta grave cometida a título de dolo.
William Dau, exalcalde de Cartagena enfrentará una multa equivalente a 78 millones de pesos después de que la Procuraduría General le impusiera una sanción disciplinaria de seis meses de suspensión e inhabilidad por desconocer la autoridad del Concejo Distrital.
El caso se remonta a diciembre de 2021, cuando el Concejo cartagenero rechazó la petición de Dau para viajar en comisión oficial a Sharm El Sheikh, Egipto, donde se realizó una conferencia internacional sobre anticorrupción, organizada por Naciones Unidas.
Ante la negativa de los concejales, el entonces mandatario local optó por una estrategia alternativa: solicitó días de vacaciones personales y delegó temporalmente sus funciones al secretario de Interior de la época, David Munera Cavadía.
La controversia se intensificó cuando Dau participó efectivamente en el evento egipcio el 15 de diciembre, presentándose con su título de alcalde y realizando declaraciones que la Procuraduría consideró irrespetuosas hacia la decisión del órgano colegiado.
El ente de control disciplinario determinó que el comportamiento desplegado por el exfuncionario constituía una falta grave cometida con dolo, al utilizar un subterfugio legal para evadir la prohibición expresa del Concejo.
Dau, quien gobernó Cartagena entre 2020 y 2023, ya no puede ser suspendido del cargo, por lo que la sanción se materializará económicamente. La suma fue calculada proporcionalmente a los ingresos que habría recibido durante el período de suspensión establecido (lea más: https://apnnoticias.com/cas0-esteban-urueta-la-justicia-va-lenta/).
Esta decisión que puede ser recurrida, representa un precedente significativo sobre los límites del poder ejecutivo local frente a las decisiones del legislativo municipal, reafirmando el principio de separación de poderes en el ámbito territorial.
