La Defensoría del Pueblo alerta sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa el país por cuenta de la violencia armada, el desplazamiento forzado y los homicidios de líderes sociales. Solo en el Catatumbo, más de 68 mil personas han sido desplazadas en lo que va de 2025.
Colombia enfrenta una alarmante intensificación del conflicto armado interno. Según reportes recientes, entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2025, al menos 77.719 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado, una cifra que refleja la magnitud de la crisis humanitaria que azota al país.
La región del Catatumbo concentra la mayoría de los casos, con 68.347 personas desplazadas, 11.490 confinadas, y un preocupante saldo de 135 homicidios, incluidos varios líderes sociales.
En el mes de mayo, se registraron 7 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 774 familias, es decir, 1.746 personas. A esto se suman 9 eventos de confinamiento, limitando la movilidad de más de 8.100 personas, y 18 situaciones de riesgo de desplazamiento, lo que evidencia un deterioro sistemático de las condiciones de seguridad.
Municipios como Cúcuta (33.395 personas desplazadas), Ocaña (12.308) y Tibú (10.232) encabezan el listado de zonas más afectadas.
El Ministerio Público ha reiterado su preocupación por el creciente número de homicidios, desapariciones de firmantes del Acuerdo de Paz y las múltiples lesiones causadas por enfrentamientos armados.
En paralelo, el país sigue siendo un corredor clave para la migración internacional.
Según Migración Colombia, 72.699 personas hicieron tránsito por el territorio nacional durante los primeros cinco meses del año, incluyendo 15.364 niños, niñas y adolescentes.
La mayoría proviene de Venezuela (69.236 personas), seguidos por ciudadanos de Ecuador, India, Haití y Perú. Además, se reportó el ingreso de 10.246 migrantes en flujo inverso, particularmente a través del corregimiento de Capurganá (Chocó), provenientes desde la frontera con Panamá.
La Defensoría del Pueblo instó al Gobierno Nacional a implementar medidas urgentes y eficaces para proteger a las comunidades en riesgo, garantizar su permanencia en el territorio y atender integralmente a las víctimas de desplazamiento y violencia.
