El informe 2024 de la Oficina de Derechos Humanos del organismo multilateral, registra aumento de masacres, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, a la vez que hace un llamado enérgico a las entidades del Estado para garantizar la vida honra y bienes de los ciudadanos.
Durante todo el año 2024 y tras el levantamiento de la mesa de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el orden público empezó a deteriorarse en zonas del país donde la situación ha sido históricamente crítica por cuenta de los cultivos ilícitos y el narcotráfico.
La irrupción en los territorios de estructuras que abandonaron las negociaciones con el gobierno para reorganizarse en algunas zonas y recuperar el control político, son el motivo de las guerras sin cuarteles vienen protagonizando, donde la población civil, en medio del fuego cruzado, sufre las consecuencias.
Volker Türk, comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es enfático en que “la escalada de los combates en la región del Catatumbo desde mediados de enero, donde más de 52 personas fueron asesinadas y decenas de miles se vieron obligadas a desplazarse, pone de relieve el sufrimiento continuo de los civiles atrapados en medio de la violencia y el conflicto armado”.
El informe presentado recientemente por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación del país en ese sentido, deja al descubierto un panorama desolador que, a juicio de varios políticos de oposición, el gobierno quiere minimizar. Los investigadores de la organización multilateral son enfáticos en afirmar que estas organizaciones utilizan la violencia como mecanismo para ejercer control, promover sus intereses económicos y socavar la gobernabilidad del Estado.
Detalla el documento que la comisión de ese organismo pudo verificar que 252 personas fueron asesinadas en 72 masacres acaecidas durante 2024. También, advierte, que el año pasado 89 defensores de derechos humanos perdieron la vida en actos sicariales y 216 niños habían sido objeto de reclutamiento forzado.
“Garantizar la presencia del Estado en todo el territorio colombiano y el acceso irrestricto a las zonas donde operan estos grupos es esencial para garantizar los derechos de todas las personas. Esto incluye impedir el reclutamiento de niños menores de 18 años y asegurar la liberación inmediata de aquellos que ya están bajo el control de grupos armados”, apremió Türk.
Finalmente, dada la gravedad del asunto en todo el país, debido a los más de 11 focos activos de crisis humanitaria detectados por la Defensoría del Pueblo, desde la oficina de comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exhortan al presidente Gustavo Petro a tomar medidas urgentes y contundentes encaminadas a la protección efectiva de la sociedad civil.
