Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Nariño concentraron la mayor parte de los atentados fatales. Las cifras consolidadas evidencian que la dinámica criminal persiste con mayor intensidad en territorios atravesados por disputas armadas, economías ilegales y débil presencia institucional.
La violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz mantuvo niveles críticos en Colombia durante 2025, según el balance consolidado presentado por la Defensoría del Pueblo. El año cerró con 216 asesinatos selectivos y 78 masacres, hechos que dejaron 256 víctimas fatales adicionales.
Ese panorama se explica, en primer lugar, por la persistencia de homicidios contra liderazgos sociales en distintas regiones del país. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 fueron asesinados 150 líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como 27 lideresas, lo que confirma un patrón sostenido de violencia contra quienes ejercen roles de representación comunitaria. A estas cifras se suman 39 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados durante el mismo periodo.
Más allá del volumen de los casos, la distribución territorial refuerza la gravedad del fenómeno. Los homicidios se concentraron principalmente en departamentos como Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Nariño, aunque se registraron hechos en buena parte del país, lo que evidencia que el riesgo no se limita a focos aislados, sino que se extiende de manera transversal por distintas regiones.
Un comportamiento similar se observa en el caso de las masacres. Durante 2025, la Defensoría documentó 78 eventos múltiples, con mayor recurrencia en zonas afectadas por economías ilegales, disputas armadas y débil presencia institucional. En estos escenarios, departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Cauca concentraron el mayor número de víctimas.
El análisis temporal tampoco muestra señales claras de reversión. A lo largo del año se registraron picos recurrentes de asesinatos sin una tendencia sostenida a la baja, lo que refuerza las alertas sobre la persistencia de condiciones estructurales de riesgo para líderes sociales, comunidades rurales y firmantes del proceso de paz.
En ese contexto, la Defensoría advirtió que los hechos documentados constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y subrayó la necesidad de fortalecer de manera efectiva los esquemas de prevención y protección en los territorios, más allá de respuestas reactivas. La entidad insistió en que el acompañamiento a las víctimas debe estar articulado con garantías reales de verdad, justicia y no repetición.
Finalmente, al entidad puntualizó que este balance anual se inscribe, además, en una tendencia de largo plazo. Desde 2016, el país acumula más de 1.600 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que continúa poniendo en cuestión la capacidad institucional del Estado para garantizar el ejercicio del liderazgo social y la consolidación de la paz en las regiones.
