Aunque se redujeron las acciones ofensivas del grupo, crecieron los enfrentamientos y las muertes violentas, especialmente entre civiles y fuerza pública.
Durante los nueve meses del cese bilateral entre el gobierno colombiano y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), estructura que agrupa a disidencias de las extintas FARC, la violencia no solo no cesó, sino que se intensificó. Un informe publicado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) el 20 de mayo de 2025 revela un aumento del 21 % en las muertes por hechos violentos relacionados con esa organización, afectando principalmente a civiles, integrantes de la fuerza pública y miembros del Clan del Golfo.
El documento también señala un incremento en los combates durante el mismo periodo, pasando de 9 a 22 enfrentamientos. El 63 % de estos involucraron al Frente 33 del EMBF, asociado a los disidentes Alexander Díaz, alias Calarcá, y Andrey Avendaño, y al ELN, lo que refleja una agudización de disputas con otros actores armados.
Pese a que las acciones ofensivas del EMBF disminuyeron en un 12 % en comparación con el periodo anterior, el resto de manifestaciones violentas, como enfrentamientos y homicidios, aumentaron.
Los departamentos más afectados fueron Norte de Santander y Huila. En total, CERAC documentó 45 eventos violentos durante el cese bilateral y cinco más en el lapso del cese unilateral. El informe pone en evidencia los límites de los acuerdos de cese al fuego cuando no están acompañados de mecanismos eficaces de verificación y control territorial.
Tras la finalización del cese bilateral el 15 de abril, el gobierno adoptó un cese unilateral de operaciones ofensivas de la fuerza pública, extendido hasta el 15 de mayo. Durante ese mes se registró un nuevo pico de violencia: ocho personas murieron, siete de ellas miembros de la fuerza pública, duplicando el promedio mensual de víctimas durante el cese bilateral.
