La Contraloría empleará monitoreo constante, mientras que la Procuraduría desplegará comisiones para verificar la atención humanitaria en el Catatumbo. Diversas entidades gubernamentales estarán bajo vigilancia, y los resultados serán reportados a la comisión de la Cámara encargada de evaluar la situación.
La Contraloría y la Procuraduría anunciaron un plan conjunto para ejercer un control estricto sobre la ejecución de los decretos y el manejo de los recursos públicos en el marco del Estado de conmoción interior decretado el 24 de enero de 2025 en la región del Catatumbo.
Según el documento oficial, esta alianza estratégica entre los órganos de control busca garantizar una vigilancia inmediata y efectiva sobre la aplicación de las medidas excepcionales y la administración de los recursos destinados, mediante un seguimiento en tiempo real respaldado por tecnologías de la información.
La Contraloría ha establecido un monitoreo constante a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata y las Contralorías Delegadas Sectoriales, asegurando una supervisión integral y oportuna de los recursos públicos.
Por su parte, la Procuraduría ha desplegado dos comisiones nacionales encargadas de tomar declaraciones a personas desplazadas y de supervisar la creación y funcionamiento de albergues, así como la prestación de servicios de emergencia en salud, educación y atención a la población más vulnerable.
Las entidades bajo vigilancia incluyen el Ministerio de Hacienda, la Dian, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas y las administraciones municipales de las zonas afectadas.
Los resultados de este seguimiento serán presentados periódicamente a los representantes a la Cámara que conforman la comisión accidental encargada de evaluar la declaración del estado de conmoción interior.
