Tras siete años del atentado, denuncian que el aparato judicial del Estado ha sido esquivo para las más de 15 familias que directa o indirectamente resultaron afectadas física y moralmente por el acto terrorista.
En junio de 2017 toda Colombia quedó conmocionada con la terrible noticia: una bomba explotó al interior de uno de los baños de mujeres de Centro Comercial Andino, uno de los más exclusivos de la capital del país.
El atentado, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó como saldo tres mujeres muertas y 10 personas más heridas. Después de muchos ires y venires, justificaciones y censuras, las familias de las víctimas y los sobrevivientes ven con desazón como pasa el tiempo y la justicia no se asoma.
Por eso, un grupo de víctimas, enviaron una misiva a varias personalidades de distintas ramas del poder público, buscando que sus reclamos no se pierdan en las húmedas y frías bodegas donde la Rama Judicial archiva los procesos.
“Durante estos siete años, hemos enviado docenas de cartas y solicitudes a todas las entidades gubernamentales pertinentes, pero es inaudito que no haya habido avances significativos”, aseguran los firmantes de la comunicación, divulgada el pasado 17 de junio, misma fecha de la ocurrencia de los hechos.
Igualmente, advierten que cada año que pasa sin que se conozcan las razones y condenen a los responsables, se va perdiendo la confianza en el Estado y sus instituciones, las cuales, como en este caso, operan de manera negligente y tardía.
“En este día que debería ser de conmemoración y solidaridad, nos encontramos nuevamente en una situación de indignante abandono y desatención. Durante todo este tiempo, hemos sido ignorados y olvidados por las autoridades competentes. La Fiscalía General de la Nación no ha avanzado significativamente en el proceso de justicia, y las más de diez familias afectadas continúan esperando una respuesta que nunca llega”, se lee en otro de los apartes de la misiva.
A renglón seguido señalan que, a pesar de que en el discurso el presidente Petro están siempre presentes las ideas de Paz Total, Justicia social y reconciliación, en dos años de mandato no ha sido capaz de conmemorar la memoria de personas que murieron en el marco de una guerra que no estaban peleando.
“La falta de interés y la indiferencia han sido constantes, exacerbando nuestro dolor y sufrimiento. A pesar de múltiples esfuerzos legales, incluyendo la instauración de acciones de tutela y solicitudes de reconocimiento como víctimas del conflicto armado bajo la Ley 1448 de 2011, nuestras peticiones han sido sistemáticamente ignoradas”, declaran los sobrevivientes y familiares de los fallecidos.
Por esa razón y previendo que sus casos prescriban, hacen una serie de peticiones, tendientes a mantener activos los procesos y evitar que caigan al vacío. Concretamente, piden al presidente, vicepresidente y fiscal General: justicia eficiente y reparación, reconocimiento y responsabilidad del Centro Comercial Andino, declaración del caso como crimen de lesa humanidad y feminicidio, respuestas y acciones concretas del Gobierno Nacional y local y, colaboración activa de los medios de comunicación.
Finalmente, con la incertidumbre de la actitud que pueda tomar frente a esto el actual gobierno, enemigo férreo de quienes le hacen ver sus errores, solicitan atención para dejar de ser, como hasta ahora, un indicador en las estadísticas negativas de la administración de justicia.
“No queremos ser una cifra más en la lista de víctimas olvidadas. Exigimos que se respeten nuestros derechos y que se nos brinde la atención y reparación que merecemos. Este atentado no solo dejó cicatrices físicas y emocionales en nosotros, sino que también afectó la percepción de seguridad en toda la ciudad”, puntualiza la carta.
