El asesinato de Zuleima Mosquera en Santander de Quilichao vuelve a encender alarmas por violencia contra líderes sociales
Zuleima Mosquera, una reconocida lideresa social del Cauca, fue asesinada en el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao.
Según reportes preliminares, Mosquera se encontraba compartiendo con amigos en un establecimiento público cuando un hombre se le acercó y le disparó en varias ocasiones, acabando con su vida en el lugar de los hechos.
Mosquera se desempeñaba como presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puente Real y era una figura clave en el proceso campesino del municipio de Caldono. También acompañaba la creación de la Zona de Reserva Campesina del Pital Pescador, iniciativa de gran relevancia para las comunidades rurales de la región.
Con su muerte, el pasado sábado 18 de mayo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) registra ya 64 líderes sociales asesinados en lo que va de 2025.
De acuerdo con la organización, el conteo mensual es alarmante: 15 en enero, 13 en febrero, 17 en marzo, 12 en abril y 7 hasta el 18 de mayo.
La Defensoría del Pueblo había advertido sobre los riesgos en esta zona a través de sus Alertas Tempranas 036/23 y 019/23, dirigidas a proteger tanto a la población general como a líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos.
Estas alertas advierten sobre el control territorial y social ejercido por grupos armados ilegales, quienes imponen normas, restricciones y amenazas, poniendo en peligro la vida e integridad de quienes trabajan por sus comunidades.
En el municipio de Santander de Quilichao hacen presencia estructuras armadas como el Frente Jaime Martínez y el Frente Dagoberto Ramos, ambos pertenecientes al Bloque Occidental Jacobo Arenas, así como bandas de carácter local. La jurisdicción militar está bajo responsabilidad de la Tercera División del Ejército Nacional.
El asesinato de Zuleima Mosquera no solo representa una pérdida irreparable para su comunidad, sino que se suma a una larga lista de crímenes que reflejan la persistente crisis de seguridad que enfrentan los líderes sociales en Colombia, especialmente en territorios históricamente afectados por el conflicto armado.
