El fortalecimiento de grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo, así como la ausencia del Estado, amenazan a las comunidades.
En alto riesgo están los habitantes de Juradó, Bahía Solano y Nuquí, en la subregión Pacífico Norte del departamento del Chocó, debido al repliegue y fortalecimiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la guerrilla del ELN, grupos armados ilegales que podrían aumentar los desplazamientos individuales y masivos, confinamientos, restricciones a la movilidad, amenazas, reclutamiento forzado de menores de edad, homicidios selectivos y masacres, violencias basadas en género y la trata de personas, advirtió la Defensoría del Pueblo.
Debido a la crítica situación, la entidad de derechos humanos emitió una alerta en la que se especifica que en la actualidad hay confrontaciones bélicas en el territorio, lo que ha derivado en desplazamientos y confinamientos de comunidades y restricciones a las actividades cotidianas, entre otros hechos que ya habían sido advertidos.
“Hay vulneraciones a las cosmovisiones de los grupos étnicos, a sus usos y costumbres, lo que agudiza la crisis humanitaria en los territorios de comunidades negras, afrocolombianas e indígenas”, manifestó Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.
Graves riesgos
De acuerdo con el informe de la Defensoría, la población enfrenta graves riesgos debido a la crisis de seguridad y orden público generada por las restricciones impuestas por el Frente de Guerra Cimarrón del ELN, así como por los enfrentamientos registrados entre esa facción subversiva y el Bloque Pacífico de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) en territorio fronterizo con Panamá, jurisdicción de Juradó.
“La posición geográfica de los municipios de Bahía Solano, Nuquí y Juradó es privilegiada por su salida al océano Pacífico y por comunicarse con el vecino país de Panamá; adicionalmente, por los caminos ancestrales que conectan con algunas poblaciones que pertenecen a las subregiones del Darién y del Atrato. Por esas zonas es que se movilizan los grupos armados al margen de la ley, y lo hacen para traficar armas provenientes de Panamá, traficar migrantes, así como para traficar cocaína, comercializarla y embarcarla con rumbo a mercados del Pacífico”, explicó el defensor del Pueblo.
Ausencia del Estado
Además de las amenazas por la alteración del orden público, aseguró el defensor, las comunidades de esos municipios también tienen problemas de carácter estructural, relacionados con la escasa o nula presencia institucional en gran parte de sus territorios, lo cual se refleja en la carencia de servicios públicos domiciliarios, como agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, una deficiente atención en salud, la poca inversión en educación, la escasa oferta de vivienda y la precaria inversión social.
