}El Frente 28 ha forzado a las autoridades tradicionales indígenas a cumplir con sus exigencias, bajo amenaza de aplicar su propia justicia a quienes no se sometan.
En el resguardo Caño Mochuelo, situado en la zona rural de los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo, diez pueblos indígenas enfrentan una grave amenaza a su seguridad y derechos fundamentales debido a la presencia de las FARC y otros grupos armados. El control territorial ejercido por el Frente 28 José María Córdoba, perteneciente al Comando Conjunto de Oriente de las FARC, tiene en riesgo la integridad de los pueblos Sikuani, Piapoco, Sáliba, Amorua, Maiben Masiware, Wamonae, Waüpijiwi, Yamalero —Mayaleros—, Tsiripus y Yaruros, que conforman un total de 15 comunidades únicas en el mundo por su estilo de vida nómada.
El Frente 28 ha forzado a las autoridades tradicionales indígenas a cumplir con sus demandas y normas, bajo amenaza de aplicar su propia justicia a quienes no se sometan, creando un clima de opresión y control absoluto.
Así las cosas, la Defensoría del Pueblo señaló la necesidad urgente de intervención estatal para proteger a estas comunidades a las que se les están vulnerando de derechos fundamentales como la vida, la integridad y la libertad. Las autoridades indígenas y sus comunidades están expuestas a un grave riesgo de conflicto armado, lo que podría resultar en consecuencias devastadoras para su seguridad alimentaria y su subsistencia.
La entidad le exigió al Ministerio del Interior la implementación inmediata de medidas de prevención y protección, así como la activación de mecanismos de respuesta rápida ante posibles violaciones de derechos humanos y transgresiones al derecho internacional humanitario. Además, enfatizó la importancia de preservar la diversidad étnica y cultural de estos pueblos, respetar su autonomía y garantizar su derecho a la jurisdicción especial indígena.
«Es imperativo que el liderazgo estatal actúe de manera decisiva para salvaguardar la diversidad étnica y cultural, mitigar los riesgos para los pueblos afectados y respetar sus derechos fundamentales,» afirmó Julio Luis Balanta Mina, defensor del Pueblo.
La situación exige una respuesta rápida y efectiva para proteger a estas comunidades en su tierra ancestral y garantizar su seguridad y bienestar frente a la creciente amenaza de los grupos armados.
