Incremento en hechos de violencia y financiación ilegal son las dos problemáticas principales que afectan el proceso electoral.
Municipios como El Bagre y Yarumal (Antioquia); Arauca y Saravena (Arauca); Argelia, Balboa y Caldono (Cauca); San Vicente del Caguán (Caquetá); Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); Puerto Gaitán (Meta); Tumaco (Nariño); Cúcuta y Tibú (Norte de Santander) y, Buenaventura y Jamundí (Valle del Cauca), requieren atención prioritaria en las elecciones, de acuerdo con la tercera versión del Mapa de Percepción de Riesgo del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (Ci3E) de la Policía Nacional.
Ante este panorama, la procuradora Margarita Cabello Blanco hizo un llamado urgente al gobierno nacional para que brinde plenas garantías de seguridad a esos 17 municipios.
Violencia y financiación ilegal
La Procuradora manifestó su preocupación por el incremento de hechos generadores de violencia sobre la población en muchas zonas del territorio nacional.
«La mayoría son ejecutados por actores armados u organizaciones al margen de la ley», dijo la funcionaria. Agregó que, por coincidir con la etapa preelectoral y el periodo de campaña, pueden llegar a incidir y afectar el derecho a la participación.
La señora Cabello Blanco también dio una alerta sobre la financiación política de las campañas.
«Hago un respetuoso requerimiento a las autoridades electorales, y a quienes tengan funciones sobre el proceso electoral, para que extremen las medidas y realicen las acciones respectivas, a fin de prevenir cualquier situación que afecte la transparencia del proceso electoral y evite esta forma de corrupción que bastante daño le hace al país».
