Cristol Andrea Sánchez Uribe, fue sentenciada por un juez especializado tras aceptar cargos por terrorismo y porte de armas de uso restringido a las Fuerzas Militares. Según la Fiscalía, desempeñaba funciones de sicaria y coordinadora de acciones violentas en los municipios de Hobo y Algeciras, en el departamento del Huila.
Un juez penal especializado condenó a 10 años y 3 meses de prisión a Cristol Andrea Sánchez Uribe, conocida con los alias de ‘La Negra’ o ‘Wendy’, por su participación en dos acciones terroristas ocurridas en el departamento del Huila en agosto de 2023.
La decisión fue adoptada luego de que la procesada suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía, en el cual aceptó su responsabilidad por los delitos de terrorismo, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o explosivos.
Durante el juicio, una fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial (DAT) acreditó que Sánchez Uribe se desempeñaba en 2023 como sicaria y cabecilla de una red urbana del frente ‘Iván Díaz’, perteneciente a las disidencias de las FARC, estructura ilegal que mantiene presencia en zonas del sur del país.
El primer hecho atribuido ocurrió el 19 de agosto de 2023, cuando, junto a otros dos hombres, interceptó un bus de servicio público en la vereda Vilaco, en Algeciras, obligó al conductor a detenerse, hizo descender a los pasajeros bajo amenazas y luego incendió el vehículo, al tiempo que distribuía panfletos a nombre del grupo armado.
Cinco días después, el 24 de agosto, participó en un ataque con granada de fragmentación contra una estación de servicio en el barrio Las Mercedes del municipio de Hobo, ocasionando daños materiales en el local comercial y en un vehículo estacionado.
Tras evaluar la gravedad de los hechos, el juez negó la solicitud de prisión domiciliaria o sustitución de pena, por lo que la condenada deberá continuar privada de la libertad en centro penitenciario.
Esta sentencia se profiere en medio de una ofensiva judicial y militar contra redes urbanas vinculadas a estructuras residuales de las antiguas FARC, en departamentos como Huila, Caquetá y Meta, donde han sido documentadas acciones armadas, hostigamientos y ataques contra bienes civiles y la fuerza pública. Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado si hay otros integrantes del frente Iván Díaz en proceso de judicialización por los mismos hechos.
