Organizaciones de derechos humanos señalan que la presencia del Clan del Golfo y bandas locales ha incrementado las amenazas, la extorsión y las restricciones a la movilidad. Este hecho que deja tres muertos, evidencia fallas en la respuesta estatal y reabre el debate sobre la protección efectiva de la niñez y las comunidades rurales.
Tres personas, entre ellas un niño de dos años, fueron asesinadas en el municipio de Ponedera, Atlántico, en hechos ocurridos el pasado 18 de febrero en el barrio San Francisco. De acuerdo con el registro de Indepaz, tres hombres armados que se movilizaban en motocicleta atacaron a dos mujeres y a un menor de edad que se encontraban en la terraza de una vivienda, configurando la masacre número 19 en Colombia en lo corrido de 2026.
En el lugar murió de manera inmediata Constanza Isabel Rivera Salas. El menor, identificado como Jordán Cervantes López, también fue alcanzado por los disparos y falleció posteriormente en un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas. La tercera víctima es Leisis María Silvera Manotas, quien resultó herida en el ataque, fue trasladada a un hospital y murió el 20 de febrero.
El informe de Indepaz señala que, tras este hecho, se refuerzan las advertencias sobre el riesgo que enfrentan las comunidades del Atlántico por la presencia de estructuras armadas ilegales. La organización recuerda que la Defensoría del Pueblo incluyó a Ponedera dentro de la Alerta Temprana 013 de 2025, en la que se hace un llamado a la acción prioritaria del Estado frente a la imposición de normas y formas de “gobernanza” ilegal por parte de estos grupos.
Según el mismo reporte, en la zona hacen presencia el grupo autodenominado EGC, conocido como Clan del Golfo, así como bandas de carácter local que disputan el control territorial y de economías ilícitas. Estas estructuras son señaladas de ejercer presión sobre la población civil mediante amenazas, extorsiones y restricciones a la movilidad.
Hasta el momento, no se ha informado de capturas relacionadas con el caso. Organizaciones de derechos humanos insisten en que el ataque contra las tres personas en Ponedera refleja la persistencia de un escenario de alto riesgo para la población civil en el Caribe colombiano y reclaman acciones coordinadas de las autoridades civiles, militares y de justicia para evitar nuevas masacres en la región.
