Aunque Ecopetrol aseguró que la terminación del contrato con Helicol fue justificada, la contratación de una firma externa por $1.950 millones para asumir su defensa reabre dudas sobre el alcance del litigio. ¿Por qué acudir a un bufete privado si la compañía tiene equipo jurídico interno? ¿Y por qué pagar tanto si el caso parecía estar resuelto?
Ecopetrol S.A. firmó en octubre de 2023 un contrato por $1.950 millones con la firma Bermúdez Villamizar Asociados S.A.S. para que asuma su representación judicial en el proceso que enfrenta contra Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. (Helicol), luego de la terminación anticipada del contrato de sinergia CW215358.
Aunque en su momento la compañía declaró que la decisión de terminar el vínculo con Helicol fue “justificada”, la magnitud del contrato para su defensa plantea interrogantes sobre la real solidez de esa posición. Si el argumento de Ecopetrol es jurídicamente firme, ¿por qué pagar casi $2.000 millones a una firma externa?, cuestionan varios analistas.
El documento establece que Bermúdez Villamizar deberá representar no solo a Ecopetrol, sino también a su filial Cenit, en todas las instancias del proceso, incluyendo eventuales demandas de reconvención o reclamaciones de aseguradoras. La vigencia del contrato es de tres años, contados desde la firma del acta de inicio.
Más allá del monto, lo que sorprende es que Ecopetrol haya optado por este contrato, teniendo un departamento jurídico especializado y con trayectoria en litigios contractuales complejos. Hasta el momento, la empresa no ha explicado por qué decidió no utilizar su equipo interno para este proceso, ni ha respondido públicamente a las críticas que apuntan a una posible falta de transparencia.
Algunos analistas consultados por medios especializados sostienen que el valor del contrato sugiere que el litigio no es menor, y que el riesgo económico para la empresa podría ser más alto de lo que se informó inicialmente.
La controversia también ha tenido eco en redes sociales, donde actores políticos han cuestionado el gasto y exigido que, de haber perjuicio para el Estado, los funcionarios responsables respondan con su propio patrimonio. Mientras tanto, el proceso judicial continúa, y el caso revela que incluso una terminación “justificada” puede salir muy cara.
