Profesionales especializados del organismo descubrieron que el 30 de enero se firmaron contratos por $5,7 billones y que el 45% del valor total del mes se concentró en la última semana. El informe también señala cuáles fueron las entidades con mayor volumen de contratación, en medio de un contexto de alta sensibilidad fiscal y electoral.
El análisis realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la República revela un comportamiento contractual que encendió las alarmas del control fiscal. Entre el 1 y el 30 de enero de 2026 se suscribieron 521.269 contratos de contratación directa por un total de $32,88 billones, justo antes de la entrada en vigencia de las restricciones de la Ley de Garantías.
Más allá del volumen, la preocupación se centra en el ritmo con el que se comprometieron los recursos. El informe indica que la mayor parte de la contratación se concentró en los últimos días del mes. Solo en la última semana se adjudicaron $14,8 billones, lo que equivale al 45% del valor total contratado. Dentro de ese periodo, el 30 de enero marcó el punto más alto, con compromisos que alcanzaron $5,7 billones en un solo día.
El comportamiento se explica, en buena medida, por el peso de la contratación territorial. Gobernaciones, alcaldías y entidades descentralizadas lideraron el volumen con 348.495 contratos por $17,7 billones. En paralelo, el orden nacional suscribió 164.813 contratos por $14,87 billones, mientras que las corporaciones autónomas regionales firmaron 7.961 contratos por $0,3 billones.
Dentro del informe también se identifica a las entidades que encabezaron el uso de la contratación directa. En el nivel nacional sobresalen el SENA, que comprometió $1,72 billones; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con $1,26 billones; y la Aeronáutica Civil, que alcanzó $0,76 billones en contratos suscritos durante el mes. En el ámbito territorial, la Alcaldía de Barranquilla aparece como la entidad con mayor volumen de contratación directa, con compromisos por $1,33 billones. Le siguen la Alcaldía de Medellín, con $0,88 billones, y la Alcaldía de Cali, que registró $0,54 billones.
Un rasgo adicional del comportamiento contractual fue el predominio de las órdenes de prestación de servicios. Bajo esta modalidad se firmaron 501.423 contratos por $22,34 billones, lo que representa el 96,2% del total de contratos y el 67,9% del valor adjudicado en enero.
Respecto de las instituciones del orden nacional, la contratación mediante OPS creció de manera significativa frente a 2022. El informe señala que esta modalidad aumentó en 56.842 contratos y $6,03 billones respecto al mismo periodo, consolidándose como el principal mecanismo de vinculación contractual.
Ante este panorama, la Contraloría advirtió que el incremento observado “genera un impacto fiscal a los recursos asignados en el presupuesto nacional y a las respectivas entidades”. Por ello, anunció que continuará el monitoreo permanente del comportamiento contractual, con el objetivo de emitir alertas tempranas en un contexto marcado por la cercanía de la restricción electoral.
