El Tribunal Superior de Bogotá envió a la cárcel a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, investigados por su presunta participación en un esquema de corrupción ligado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La decisión se da mientras avanza el proceso penal por varios delitos contra la administración pública.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este jueves la reclusión de los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, dentro del proceso que adelanta la justicia por el entramado de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión judicial se produce tras la imputación de la Fiscalía, que los señala por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, al considerar que habrían participado en un esquema destinado a desviar recursos públicos para beneficiar a congresistas a cambio de apoyo político en el Legislativo.
Mientras se resuelve el recurso de apelación presentado por sus defensas, los exfuncionarios deberán cumplir la medida de aseguramiento ordenada.
Según el ente acusador, entre mayo de 2023 y febrero de 2024 se habría estructurado una red que permitió direccionar dineros de la UNGRD y del Instituto Nacional de Vías hacia contratistas cercanos a varios congresistas, con el fin de asegurar mayorías para proyectos del Gobierno. La investigación menciona decenas de contratos promovidos bajo este esquema, aunque solo una parte alcanzó a concretarse.
Uno de los episodios clave del proceso, de acuerdo con la Fiscalía, fue una reunión celebrada en febrero de 2024 en la Casa de Nariño, en la que habrían participado altos funcionarios del Ejecutivo y miembros del Congreso para coordinar la operación. En ese encuentro, según la acusación, Velasco habría tenido un rol central, junto con Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
En el caso de Ricardo Bonilla, la Fiscalía ha dado especial relevancia al testimonio de una exasesora de su despacho, quien aseguró haber actuado siguiendo instrucciones del entonces ministro para facilitar contactos y gestiones entre funcionarios del Gobierno, congresistas y directivos de la UNGRD. Algunos de los presuntos beneficiarios, debido a su fuero, son investigados por la Corte Suprema de Justicia.
Ambos exministros han negado de manera reiterada las acusaciones. Velasco anunció que presentará una versión distinta a la expuesta por los testigos del ente acusador, mientras que Bonilla afirmó haber actuado conforme a la Constitución y la ley durante su paso por el Ministerio de Hacienda.
Con esta decisión, ya son varios los exintegrantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro que enfrentan medidas privativas de la libertad por este escándalo.
