El fallo de un juez especializado de Pasto condenó a siete jefes del ELN por secuestros y homicidios cometidos en Nariño, reafirmando que la dirigencia guerrillera debe responder penalmente por los crímenes de sus tropas. La sentencia, dictada en ausencia, marca un precedente judicial en momentos de incertidumbre en los diálogos de paz.
Un juez especializado de Pasto profirió una sentencia que impacta tanto en lo judicial como en lo político: siete jefes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron condenados a 58 años y medio de prisión por su responsabilidad de mando en secuestros, homicidios y desapariciones cometidos en Nariño en los años noventa y posteriores.
La decisión involucra a figuras históricas del Comando Central como Antonio García, Pablo Beltrán y Pablito, quienes en paralelo han sido voceros en procesos de negociación de paz. El tribunal concluyó que, pese a su distancia del terreno, los cabecillas tenían control efectivo sobre las unidades responsables de los crímenes.
El caso se centró en hechos de 2018, cuando tres exintegrantes de las Farc fueron secuestrados en la vereda Florida de Guachavés, Nariño, en un contexto de disputa territorial. Sus familias denunciaron despojo y desplazamiento forzado. La Fiscalía sostuvo que la operación fue ordenada por el Comando Central para frenar a disidencias rivales.
Aunque la Procuraduría solicitó retirar el cargo de desplazamiento por falta de pruebas, el juez mantuvo las condenas por rebelión, homicidio y desaparición forzada. El fallo, dictado en ausencia, es relevante porque refuerza la aplicación de la doctrina de responsabilidad de mando, clave en la jurisprudencia internacional.
Más allá de la condena, el mensaje judicial subraya que el ELN no podrá eludir la rendición de cuentas en medio de eventuales negociaciones. La sentencia coincide con la parálisis del proceso de paz y con una crisis humanitaria que, solo en Catatumbo, ha generado más de 80.000 desplazados en nueve meses.
