Mientras la Presidencia resaltó los resultados militares, el organismo insistió en que la protección de la niñez reclutada no puede ceder ante la lógica de los operativos. El contraste reaviva el debate sobre la coherencia entre el discurso político y las acciones.
La muerte de seis menores reclutados forzosamente por las disidencias de ‘Iván Mordisco’ durante una operación militar en el Guaviare puso bajo tensión el discurso del llamado “Gobierno de la vida”. Mientras la Presidencia celebró la ofensiva como un golpe decisivo contra esa organización, la Defensoría del Pueblo advirtió que el Estado no puede normalizar el uso de la fuerza en escenarios donde hay niños, niñas y adolescentes con protección reforzada.
Tres días antes de conocerse el fallecimiento de los menores, el presidente Gustavo Petro había destacado la magnitud del ataque contra las columnas en desplazamiento. “El golpe a las columnas de Mordisco en desplazamiento por el Guaviare es inmenso. Son 25 personas neutralizadas y decenas de armas y granadas capturadas. Su tropa está desperdigada y seguirá siendo atacada. Mordisco decidió incumplir el proceso de paz firmado con Santos y prefirieron traquetear que entregar la paz, que es un derecho de la colombianidad”, afirmó en su mensaje público.
En esa misma declaración, el jefe de Estado justificó la ofensiva como respuesta a la ruptura de los compromisos de paz por parte de las disidencias. “Mi gobierno ofreció con generosidad de nuevo la paz porque es consciente del entrampamiento que produjo la administración anterior al proceso. Sin embargo, la respuesta fue la agresión y la burla. Por eso atacamos con toda, buscando disminuir impactos de violación de derechos humanos”, señaló, sin referirse a la eventual presencia de menores en la zona de operaciones.
Con posterioridad, el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo introdujo un matiz crítico frente a esa narrativa centrada en resultados militares. El organismo reconoció que la responsabilidad originaria recae en las estructuras armadas que reclutan menores, pero recordó que el Estado mantiene obligaciones indeclinables bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
“La responsabilidad originaria de la muerte de los menores recae en los grupos armados que los reclutan, pero ello no exonera al Estado de aplicar con rigor los principios de humanidad, dignidad, necesidad y proporcionalidad. Reducir el análisis a umbrales técnicos del DIH desconoce la obligación de evitar que los más vulnerables terminen convertidos en objetivos militares”, advirtió.
Más allá de la atribución de culpas, la Defensoría puso el foco en los riesgos de asumir la guerra como un escenario donde todo está permitido siempre que se invoque la lucha contra grupos ilegales. En ese sentido, el comunicado cuestionó las interpretaciones que presentan los operativos como éxitos incuestionables, aun cuando el saldo incluye niños muertos.
“No es coherente ni éticamente aceptable limitar la discusión a si se cumplieron mínimos formales del DIH. La guerra es un despliegue doloroso que afecta a quienes ya han sido vulnerados por el reclutamiento forzado. Normalizar el uso de la fuerza en escenarios donde hay niños, niñas y adolescentes desnaturaliza la finalidad esencial de protección integral de la persona humana”, puntualizó la entidad.
Analistas aseguran que el contraste entre la celebración presidencial del “golpe inmenso” y el llamado de la Defensoría a reforzar los límites humanitarios reabre el debate sobre el sentido real del lema “Gobierno de la vida”. Mientras el Ejecutivo insiste en mostrar contundencia frente a las disidencias de ‘Iván Mordisco’, el órgano de control recuerda que la protección de los menores reclutados —incluso cuando están bajo dominio de grupos ilegales— es un deber que no admite excepciones.
