En un comunicado oficial, la Procuraduría subrayó los malos tratos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas en la vereda Alto Bonito, en Dabeiba.
La Procuraduría le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la inclusión de patrones de tortura y tratos crueles, degradantes e inhumanos en el macrocaso que investiga asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos en el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia. Esta solicitud surge después de un exhaustivo análisis de la veracidad de los testimonios proporcionados por víctimas y comparecientes.
En un comunicado oficial, la Procuraduría subrayó que los malos tratos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas en la vereda Alto Bonito, en Dabeiba, fueron corroborados por residentes locales. «Solicitamos que se estudie la viabilidad de incluir el patrón de tortura y tratos crueles, degradantes e inhumanos en el marco del presente macrocaso», afirma el documento de observaciones presentado por la entidad.
Además de la inclusión de estos patrones de abuso, el Ministerio Público insistió en la urgencia de esclarecer un caso de violencia sexual que, según informes, habría afectado a una menor de edad durante el periodo de los hechos investigados. La Procuraduría ha exigido que se realicen todas las gestiones necesarias para esclarecer estos actos de violencia.
Otra de las peticiones formuladas por el organismo fue la de localizar a los familiares de las víctimas identificadas que aún no se han integrado al proceso judicial. La Procuraduría subraya que la búsqueda, identificación y entrega digna de los restos de las víctimas deben ser priorizadas, ya que estos esfuerzos pueden ser considerados parte de un proyecto de sanción propia.
Finalmente, el procurador delegado, Jairo Acosta Aristizábal, pidió una revisión exhaustiva de los proyectos de sanción propia presentados por los comparecientes. La revisión tiene como objetivo asegurar que el alcance y el sentido de estas sanciones sean adecuados y proporcionales a los crímenes cometidos.
La petición de la Procuraduría pone en relieve la necesidad de una justicia integral y minuciosa para las víctimas del conflicto armado, mientras la JEP continúa su labor de esclarecer y sancionar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia.
