Campesinos denuncian restricciones impuestas por grupos armados ilegales mientras se agudiza la confrontación entre facciones guerrilleras. Un adolescente fue asesinado en medio del conflicto.
Tras el reciente paro armado promovido por disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare, persiste el toque de queda impuesto por esos mismos grupos ilegales en varias zonas del territorio. Campesinos y líderes sociales de los municipios de San José del Guaviare, Calamar, Miraflores y El Retorno advierten que las restricciones a la movilidad se mantienen, especialmente durante las noches.
“Las comunidades solo pueden desplazarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde. Después de esa hora, reina el temor y se aplica el toque de queda”, denunció José Barrios, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos del Guaviare. Según Barrios, el ambiente en las zonas rurales es de constante inseguridad, debido a la disputa territorial entre las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá.
En medio de esta situación, la Policía reportó un hecho particularmente doloroso: el asesinato de un adolescente de 15 años en zona rural del corregimiento Charras Boquerón, jurisdicción de San José del Guaviare. El menor fue hallado sin vida a orillas del río Guaviare, con tres impactos de bala.
Según las autoridades, se investiga si el joven fue retenido por integrantes del Frente 44 “Antonio Ricaurte”, que se encuentra en disputa con el Frente “Jhon Linares” por el control del territorio. El cuerpo fue trasladado por vía fluvial hasta el municipio de Mapiripán, Meta, donde fue entregado a las autoridades competentes.
La Seccional de Investigación Judicial (Sijín) adelanta las pesquisas del caso. El coronel Esteban Blanco, comandante de la Policía del Guaviare, confirmó que se están recolectando evidencias para esclarecer los hechos. Entretanto, la comunidad sigue enfrentando los efectos del conflicto armado y exige presencia efectiva del Estado.
Las autoridades locales, organizaciones sociales y habitantes de la región han hecho un llamado al gobierno nacional para que se retomen los diálogos con los grupos armados, en el marco del cese al fuego, con el fin de frenar la escalada de violencia que golpea al departamento.