Las comunidades alejadas del departamento de La Guajira denuncian que a pesar de las ‘promesas’ de cambio hechas por el Gobierno Nacional y sus aliados políticos, la realidad en los territorios sigue siendo la misma, agravada por los escándalos de corrupción que sacuden a la UNGRD y tienen a ese ente territorial como protagonista.
Hace poco menos de un año, el presidente Gustavo Petro y su familia vivieron en carne propia, aunque leve, las complejas situaciones médicas a las que deben enfrentarse niños, jóvenes, adultos y ancianos en el departamento de La Guajira.
El mismo día que Francia Márquez tomó con entusiasmo posesión del bastante pedaleado, pero deficientemente regentado, Ministerio de la Igualdad, el jefe de Estado anunciaba que se retiraba de la gira en territorio wayuu por cuenta de una afección estomacal adquirida en un evento al que asistió.
“Ayer me enfermé, por eso no pude estar en el trajín del día de hoy, que hubiera querido ir a la comunidad kogui. […]Me enfermé básicamente porque comí allá en el extremo norte, nosotros le decimos mecato, hecho con agua, como el agua de La Guajira del norte”, informó Petro y a reglón seguido, reflexionó: “me preguntaba ¿qué pensara una madre wayuu cuando tiene a sus hijos exactamente con ese tipo de enfermedades, deshidratación, y que contrario a lo que me pasa, los lleva a la muerte?”.
Antes de anunciar que se retiraba y suspendía las jornadas de trabajo presidencial en ese departamento, advirtió cuál era básicamente el problema de la maltratada etnia que habita el departamento: “miles de niños y niñas han muerto en La Guajira, no exactamente de falta de comida, propiamente, sino de falta de agua de calidad”.
A pesar de la ‘inversión’ nada ha cambiado
Álvaro Freddy Acevedo, periodista de Caracol Noticias, se adentró en los territorios de la alta Guajira, donde debieron haber impactado de manera positiva los cientos de miles de millones que desde el Estado se destinaron para atender una necesidad básica de vital importancia como el agua potable, no obstante, la realidad es otra, tanto en las instituciones oficiales como en los territorios.
En el primero de los casos, dos funcionarios de alto rango en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, denunciaron en medios de comunicación que a través de la entidad y con la suscripción de contratos ‘chimbos’ direccionados para atender la situación de desabastecimiento de agua potable en La Guajira y otros departamentos, se apropiaron de multimillonarios recursos para sobornar a congresistas e impulsar la agenda legislativa del gobierno.
Y, en el segundo, los altos niveles de padecimiento de enfermedades gastrointestinales en niños, jóvenes, adultos y ancianos, sigue siendo la misma, por cuenta del eterno problema de siempre, que es la moneda de cambio de los políticos tradicionales y emergentes.
Misael Estrada, líder de la comunidad de Amunchinjau, pone de presente en sus palabras una problemática que se agudiza a medida que la cabecera municipal se aleja de los caseríos como este, perteneciente a Uribia.
“La mayor necesidad de la comunidad es la falta de agua potable, estamos tomando agua de un jagüey cercano, pero está pronto a secarse y, cuando se sequé, solo queda el agua del mar, que no es apta para el consumo humano. Y, cuando uno llega a la Alcaldía a pedir la ayuda, le dicen que lo llaman y a la final nunca me llaman”, dijo Misael.
Durante los más de 12 minutos del informe, el camarógrafo fue captando con su lente imágenes que evidencian el abandono estatal: niños tomando agua en pozos junto con los animales, ancianos caminando largos trayectos para recolectar agua sin potabilizar y el descontento generalizado de unos ciudadanos que esperan más del Estado.
Yunesca Redondo, otra de las pobladoras de la organizada ranchería Amunchinjaula, asegura con resignación que deben ingerir el preciado líquido conociendo las condiciones insalubres de sus fuentes de abastecimiento.
“Tomamos porque por aquí no se consigue el agua, no adecuada para el consumo, pero qué más podemos hacer”, asegura Redondo, igualmente, denuncia el doble engaño al que es sometido el pueblo por parte de la UNGRD que moviliza hasta esos territorios los famosos carrotanques del escándalo de Olmedo López y Sneyder Pinilla: “no es agua potable, es agua sucia de aquí del jagüey. Ellos mismos buscan el agua del jagüey y lo llevan a la comunidad, nunca he visto que traigan agua potable”.
Sofisma de la politiquería
Aunque hoy hay muchos ‘detalles’ de lo que ha sido el más grande escándalo de corrupción del actual gobierno, es muy poco lo que se sabe a ciencia cierta sobre los autores intelectuales del sofisticado esquema de corrupción y todas las piezas que engranaron, engrasaron y pusieron a marchar semejante máquina devoradora de recursos públicos.
Lo que sí es evidente, son las patentadas estrategias de los actores políticos de la región y foráneos para, primero quedarse con los votos, y después, con la ayuda de compinches en las poblaciones y las instituciones públicas, adueñarse de la plata.
“Llegaron a ser 185 vehículos diarios, carrotanques, con dos tarifas diarias, una de 1.070.000 pesos y otra de 1.400.000 pesos. Eso era alrededor de 200 millones de pesos diarios. Eran cinco carrotanques por cada municipio accionado: 5, Riohacha; 5, Manaure; 5, Uribia, y 5, Maicao. Y de repente hubo un salto inmenso en la adjudicación desde Bogotá en la contratación, subieron 20 carrotanques más para Uribia y luego 25”, detalló Luisa Pimienta, líder comunitaria.
Finalmente, se refiere con nombre propio a las personas que en la actualidad han utilizado los problemas de desabastecimiento de agua potable en La Guajira para desde las entidades esquilmar el erario. “[…] Mira cómo Olmedo López se ha robado lo que era para el pueblo wayuu, lo que él no necesita embolsillarse, él no tiene necesidad, pero nosotros sí”, concluyó Pimienta.
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