Tras inspeccionar 263 tiendas y seis centros de distribución, el Gobierno convocará una mesa tripartita para abordar los hallazgos y buscar correctivos estructurales que protejan a los trabajadores.
Lo que para millones de colombianos es sinónimo de ahorro y conveniencia, para cientos de trabajadores representa agotamiento, acoso y precariedad. Esa es la conclusión que deja el reciente informe del Ministerio del Trabajo tras una inspección exhaustiva a casi 300 tiendas de la cadena D1 y seis centros de distribución a nivel nacional.
Las visitas, lideradas por la viceministra (e) de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, evidenciaron un patrón sistemático de violaciones a los derechos laborales. Según la funcionaria, la promesa de eficiencia extrema y precios bajos, que ha caracterizado a esta cadena de tiendas de descuento, parece tener un costo oculto y bastante alto para los empleados.
En el marco de la inspección, se documentaron jornadas laborales de ocho horas sin tiempo de almuerzo, con solo 30 minutos de descanso; horas extras no registradas ni pagadas; sobrecarga de responsabilidades en una sola persona; así como casos de acoso laboral, persecución sindical e incumplimiento de acuerdos colectivos.
A esto, se suman deficiencias en la infraestructura como bodegas pequeñas y pasillos bloqueados, que aumentan los riesgos de accidentes. “No se trata solo de irregularidades puntuales, sino de una estructura que naturaliza la explotación como parte del modelo operativo”, advirtió la viceministra Muñoz.
Finalmente, en respuesta a esta situación preocupante desde el punto de vista administrativo y operacional, se convocará una mesa tripartita con participación de la empresa, representantes sindicales y delegados del Gobierno, para definir acciones que garanticen condiciones dignas y seguras para los trabajadores. D1 aún no se pronuncia oficialmente.
