El organismo defensor emitió la Alerta Temprana 017 de 2025 ante la intensificación de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las extintas Farc en Tibú, Norte de Santander. La entidad advierte sobre homicidios, reclutamiento forzado y desplazamientos, y exige medidas urgentes de protección colectiva, desminado humanitario y presencia institucional efectiva para evitar la expansión del conflicto hacia otros municipios del Catatumbo.
La Defensoría del Pueblo alertó que el municipio de Tibú atraviesa una de las crisis humanitarias más graves del nororiente colombiano. Tras constatar el aumento de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, la entidad emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025, con el propósito de prevenir violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Según el comunicado, “el escenario de peligro para la población civil se configura por la intensificación de las disputas entre el ELN y disidencias de las extintas Farc, como el ‘Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre’ y el ‘Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte’”. La Defensoría advierte que la confrontación por el control de economías ilegales y corredores fronterizos ha convertido al municipio en un punto de alto riesgo, donde las comunidades rurales y urbanas viven bajo amenaza permanente.
Se hace detalle en el documento de alerta temprana a que “en el casco urbano de Tibú se ha evidenciado un escenario de doble autoridad armada ilegal, donde barrios están regulados por el Frente 33 o por el ELN”, situación que ha derivado en imposición de horarios, restricciones de circulación y sanciones extralegales. Además, se reporta la instalación de retenes ilegales, el uso de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados.
La alerta resalta además el impacto diferencial del conflicto. Niños, adolescentes y mujeres son víctimas de reclutamiento, abuso sexual y trata de personas, mientras los pueblos Barí y Yukpa enfrentan la imposición de normas externas y la limitación de tránsito hacia sus territorios tradicionales.
Ante la gravedad del escenario, la Defensoría solicita al Ministerio del Interior y a la Comisión Intersectorial de Respuesta Rápida (CIPRAT) implementar las 20 recomendaciones urgentes incluidas en la alerta. Entre ellas, “urge poner en marcha acciones que contribuyan a la desarticulación de los grupos que delinquen en la zona, implementar planes de protección colectiva y destinar recursos para el desminado humanitario en lugares priorizados”.
La Defensoría advierte que, de no aplicarse estas medidas, la violencia podría extenderse hacia municipios vecinos del Catatumbo como El Tarra, San Calixto, Sardinata y Teorama. “La crisis humanitaria muestra signos de escalamiento y expansión territorial”, concluye la entidad, insistiendo en que la acción oportuna del Estado es “la única garantía real de protección para la población civil en Tibú y en toda la región del Catatumbo”.
