Según la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral con la Reforma a la Salud se estaría acabando con el concepto de seguridad social, introduciendo al sistema instituciones sin financiamiento ni funciones.
La reforma a la salud que avanza velozmente su trámite el Congreso sigue generando inquietudes entre los actores médicos del país. A través de un comunicado de prensa, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) dejó ver su preocupación por los 28 artículos que se aprobaron en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes el pasado martes 23 de mayo.
De acuerdo con Acemi, el texto aprobado hasta ahora supone un retroceso en el servicio de salud para el país. La asociación asegura que con el nuevo modelo introducido por la Reforma “se destruye el concepto de seguridad social y se reemplaza por una recolección de recursos”.
En ese mismo sentido, informan que se acabarían de tajo en el ordenamiento jurídico con temas de vital importancia para el aseguramiento y la financiación del sistema, tales como: el plan de beneficios, la figura del asegurador (EPS), reservas técnicas, inversiones y patrimonio técnico.
Promesas imposibles de cumplir, como todo lo del gobierno
Por otro lado, aseguran que al Gobierno le resultará imposible la construcción y habilitación de los Centros de Atención Primaria de Salud (Caps) en el plazo de dos años estipulado por el texto y advierten la inconveniencia de un pagador público y único (ADRES).
El texto indica que en un par de años “esos centros deberán administrar la información y el registro de todas las personas que viven en el territorio nacional, no solo colombianos sino también migrantes. Todo eso pese a que hoy no existen recursos, capacidades o sistemas de información que hagan viable el modelo”, situaciones a toda vista problemáticas.
Denuncian además, que las instituciones creadas con el proyecto de ley no tienen establecido un presupuesto ni tampoco funciones determinadas, sobre el particular, señalan que “quedan diluidas entre pagador público, fondos territoriales, unidades de planeación y evaluación departamentales y CAPS”, escenario que traería como consecuencia la prolongación en los plazos para la entrega de medicina especializada, realización de cirugías y atención integral de pacientes de alto costo.
Miles de puestos de trabajo en riesgo
Otro de los temas que preocupa a la asociación tiene que ver con la supresión de los fondos cuentas regionales, departamentales y distritales de salud y las modificaciones relacionadas con la destinación de los recursos de los municipios en salud, hecho que puede generar una desfinanciación total de la atención primaria, los equipos territoriales y hospitales públicos.
Como si eso fuera poco, explican que la introducción de la prima de riesgo “resulta incompatible con un modelo de financiamiento a la oferta como el planteado. Se está confundiendo un modelo presupuestal, en el que existe una autorización del gasto, con un modelo de aseguramiento, en el que no se traslada a un tercero recursos sino el riesgo en salud. Además, esa prima resulta indeterminable, dado que no existe un plan de cobertura establecido”.
Finalmente, sostienen que el texto al que aún le quedan tres debates en el Legislativo a pesar de lo dicho inicialmente por el Gobierno, marcó el final de las EPS y con estas también se eliminan 100.000 empleos formales.
Algunas de las preocupaciones de ACEMI en este vídeo:
