Aunque el Gobierno ha reiterado su apuesta por la negociación con grupos armados, el incremento de ataques plantea dudas sobre la eficacia de una estrategia que hasta ahora luce más pasiva que preventiva. El contraste entre cifras y discurso genera dudas sobre la efectividad de la política de seguridad.
El país registra un repunte sostenido de hechos de terrorismo en medio de una política oficial centrada en el diálogo con los grupos armados. Según datos de la Policía Nacional, entre enero y agosto de 2025 se contabilizaron 880 episodios de terrorismo y actos de terrorismo, un 12 % más que en el mismo periodo de 2024.
La tendencia no es nueva. En 2023 los registros alcanzaron 597 casos; en 2024 fueron 785, y el balance parcial de 2025 ya marca el nivel más alto de la década. El crecimiento se explica, sobre todo, por los actos de terrorismo, que pasaron de 121 en 2021 a 461 en 2025, un salto que revela mayor fragmentación y dispersión de los ataques.
Mientras tanto, los hechos tipificados como terrorismo bajo el artículo 343 se han mantenido relativamente estables, aunque también en cifras elevadas: 419 en el corte de este año. Esta combinación muestra que el fenómeno no desapareció, sino que mutó hacia expresiones más localizadas, lo que representa un desafío mayor para las autoridades.
El Gobierno ha insistido en que la estrategia de paz total pasa por abrir canales de negociación con grupos insurgentes y estructuras residuales. Sin embargo, las cifras ponen en entredicho la efectividad de esa apuesta: el aumento de ataques en zonas críticas como Cauca, Catatumbo y Bajo Cauca antioqueño evidencia que los grupos ilegales siguen ampliando su capacidad de acción, incluso en contextos de diálogo.
Analistas advierten que el manejo estatal se ha caracterizado por un tono reactivo y, en ocasiones, pasivo, con operativos que llegan después de los hechos y sin una prevención clara. Esto contrasta con la magnitud del problema: 880 incidentes en ocho meses anticipan un cierre de año en máximos históricos.
Aunque la Policía aclaró que las cifras son preliminares, el balance confirma que el terrorismo se mantiene como una amenaza activa. Y que la respuesta del Estado, más volcada en mesas de negociación que en acciones de control, todavía no logra contener la expansión del fenómeno.
