Bernardo Henao Jaramillo
Columnista de Opinión
Han transcurrido algo más de 38 años desde los aciagos hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985 (gobierno de Belisario Betancur) cuando un comando del M – 19, dirigido por los terroristas Luis Otero y Andrés Almarales, irrumpió a sangre y fuego en el Palacio de Justicia, eliminando a su ingreso a los vigilantes de la firma Cobasec Ltda. Eulogio Blanco y Gerardo Díaz Arbeláez, para continuar con el asalto y dar muerte, entre otros, a insignes magistrados, suceso trágico que impactó a la administración de justicia.
La recuperación del Palacio de Justicia por órdenes del Presidente de la República le correspondió al Ejército Nacional, en defensa del orden democrático y constitucional de la Nación. La operación la dirigió el General Jesús Armando Arias Cabrales, en su calidad de Brigadier General y no de Mayor General como erróneamente lo registra ahora el decreto 018 de enero 15 de 2024.
En 2005 se integró una Comisión de la Verdad, compuesta por los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia José Roberto Herrera, Jorge Aníbal Gómez y el magistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, quienes en su informe final registraron, de acuerdo con el testimonio de alias «Popeye», que Pablo Escobar les pagó dos millones de dólares a los guerrilleros del M-19 para que realizaran esa violenta incursión.
La toma del Palacio, según lo constató la citada Comisión, fue ejecutada por el M- 19 y patrocinada por el Cartel de Medellín que lideraba Pablo Escobar. Se conoció que él amenazó a los entonces magistrados Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano y Alfonso Patiño Roselli, quienes integraban la Sala Constitucional y debían decidir sobre la validez del tratado de extradición con los Estados Unidos. También fueron amenazados por el grupo Los Extraditables.
Ahora, en entrevista del actual Presidente con la periodista Vicky Dávila el primero se apoya en lo dicho recientemente por Carlos Ledher acerca de que ellos, los narcotraficantes, nada tuvieron que ver con el asalto al Palacio de Justicia. Por su parte, desde su cuenta de X, Helena Uran hija de un funcionario judicial de ese entonces, cita lo registrado en el libro de Ledher “…Ni Pablo Escobar ni yo supimos nunca con anterioridad sobre los planes del M-19 de tomarse por asalto el Palacio de Justicia”.
Surgen, entonces, versiones encontradas. Popeye cercano a Escobar lo corrobora y Ledher narcotraficante lo niega. ¿A quién creerle?
En fin, cualquiera que sea la verdad lo cierto es que ambos coinciden al señalar que fue ejecutada por el M-19. Luego, no hay duda de que quien irrumpió a sangre y fuego es el responsable de tan execrable hecho. Por supuesto, la izquierda radical ante la monstruosidad ocurrida, se dio prontamente a trabajar la narrativa y se valieron y materializaron que los desaparecidos del Palacio era el hecho grave, y no la toma por las armas del recinto sagrado de la justicia.
Y vaya si les funcionó el trabajo. Hizo carrera ese relato. El Coronel Plazas fue sometido a detención y a juicio, pero por fortuna su gran lucha terminó por conseguir que la C.S.J le absolviera. Otros militares fueron condenados. Así aconteció con el general (R) Jesús Armando Arias Cabrales.
En el proceso ordinario 11001 31 04 051 2009 00203 03 fue condenado por el delito de desaparición forzada, en calidad de coautor mediato, de las señoras Luz Mary Portela León e Irma Franco Pineda y de los señores Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández y David Suspes Celis.
La SDSJ de la Jep mediante Resolución 1571 del 15 de mayo de 2020 aceptó el sometimiento del precitado militar, le concedió el beneficio provisional de libertad transitoria, condicionada y anticipada (LTCA) regulado en el artículo 51 de la LEJEP 1957 de 2019. En dicha decisión, la magistratura supeditó la conservación del tratamiento penal diferenciado a la presentación de un plan de aportes claro, concreto y programado a la verdad, reparación integral y garantías de no repetición como parte de su régimen de condicionalidad.
La diligencia, como lo vimos los colombianos, se llevó a cabo los días 17 y 18 de enero de 2023. Concluyó con el parecer de los funcionarios de que tal no satisfizo con los requisitos por los cuales se le había admitido en la Jurisdicción Especial, por lo que mediante Resolución No. 1063 del 16 de marzo de 2023 la Sala de definición de situaciones Jurídicas de la Jep dispuso excluir al señor General Arias Cabrales de la competencia preferente y prevalente. En esa misma decisión se puso al Sr General a disposición del Juzgado 15 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, con el fin de continuar cumpliendo la condena impuesta en su contra.
Recurrida esta decisión en agosto de 2023 se resolvió negativamente la apelación instaurada por lo cual quedó en firme la exclusión de la Jep.
Si bien el Señor General en sentir de muchos colombianos cumplió con la entrega de su aporte de verdad, en la Jep no se consideró de esa manera y por eso se produjo la exclusión. No ha sido suficiente todo el viacrucis al que se ha visto sometido sino que ahora, en enero 15 de 2024 mediante decreto 0018 suscrito por el Ministro de Salud y Protección Social delegatario de funciones presidenciales y firmado también por el ministro de justicia fungiendo como ministro de defensa Ad-hoc, se declaró, en ostensible violación a la ley, la pérdida del derecho de uso de las condecoraciones militares de medalla Servicios Distinguidos en Orden Público, la Orden al Mérito Militar “Antonio Nariño”, la Orden al Mérito Naval “Almirante Padilla” y la Cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico.
Gustavo Francisco Petro Urrego, miembro del grupo subversivo M-19, fue condenado por el Juzgado 106 de Instrucción Penal Militar, mediante Resolución No. 18 del 6 de noviembre de 1985 a la pena de 18 meses de arresto por el punible previsto en el artículo 1° del Decreto 1056 de 1984. Con ocasión de esta condena, fue capturado y trasladado a la Cárcel Modelo, lugar en el que estuvo hasta el 6 de febrero de 1987, por lo que físicamente no participó en el asalto al Palacio, expediente que por gracia se encuentra extraviado y cuya condena le impediría ser presidente de los colombianos.
Quien ordenó su arresto fue el entonces el General Arias Cabrales tal como lo confiesa en su libro Gustavo Petro.
Irónicos giros tiene el devenir colombiano. A quien defendió las instituciones, en cumplimiento de su deber y obedeciendo órdenes del primer mandatario, como el mismo Betancur lo expresó al asumir la responsabilidad por la retoma del Palacio, porque él había tomado personalmente las decisiones, lo incriminan y persiguen; y quien pertenecía al grupo insurgente que a sangre y fuego incursionó en el sangriento asalto al Palacio de Justicia, quien jamás ha pedido perdón por ese luctuoso suceso y ha callado la verdad, se le tiene en la presidencia de la República. El mundo al revés.
