Más allá de la confrontación ideológica y política, el sector privado insiste en que cualquier decisión sobre el mínimo debe considerar inflación, productividad y generación de empleo. Para los empresarios, la forma como se conduce la negociación envía mensajes directos a la inversión y condiciona el clima de confianza en plena desaceleración económica.
El cruce entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, escaló a un nuevo nivel de tensión en medio de la discusión sobre el salario mínimo. Tras la defensa del mandatario a un aumento anticipado y sus críticas directas a ciertos dirigentes gremiales, Cabal reaccionó con un pronunciamiento amplio en el que acusó al Ejecutivo de debilitar la concertación y de exponer al sector empresarial a un clima hostil.
Todo comenzó después de que Petro afirmara en su cuenta de X que “si los trabajadores ganan más, más ganan los comerciantes”, argumento con el que defendió que un mayor poder adquisitivo impulsa el consumo. Acto seguido, lanzó una crítica al liderazgo empresarial al señalar que “esto pasa por poner gente que añora la esclavitud al frente de los gremios”, comentario que generó amplio rechazo en sectores privados.
En respuesta, Cabal sostuvo que las declaraciones del presidente no solo desvirtúan el debate económico, sino que deslegitiman el proceso de diálogo social. “Los calificativos delirantes someten a riesgo al gremio y a todos los que trabajamos en él”, dijo, al advertir que las asociaciones empresariales tienen protección constitucional y cumplen un rol esencial en el diseño de políticas laborales.
A la par, señaló que el gobierno ya dio por sentado el porcentaje del incremento, pese a que la Comisión de Concertación no ha cerrado las negociaciones. “Con el anuncio unilateral del aumento desmedido del salario mínimo, desconociendo el efecto inflacionario de la medida, el ejecutivo también anunció su ánimo de imponer y no concertar”, afirmó, recordando experiencias negativas en otros países de la región.
Además, cuestionó la forma en que se está convocando el espacio tripartito. Según él, las reuniones no equivalen a un consenso si las decisiones ya están tomadas. “No hay concertación cuando el gobierno toma decisiones unilaterales que luego pretende maquillar tras la aparente legitimidad de reuniones en las que solo se admite su voluntad”, puntualizó.
Finalmente, Cabal pidió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) evaluar el proceso, al considerar que se ha transformado en un monólogo gubernamental en un momento particularmente sensible por el calendario electoral.
