El presidente Gustavo Petro acusó a Camacol de poner en riesgo el acceso al agua en Bogotá, mientras la entidad defendió la sostenibilidad de la construcción formal y advirtió que una reciente decisión del Ministerio de Ambiente amenaza 360.000 viviendas, por lo que solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación.
Un nuevo enfrentamiento se desató entre el presidente Gustavo Petro y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), luego de que el mandatario criticara los proyectos urbanísticos en la Sabana de Bogotá, asegurando que ponen en riesgo el acceso al agua para millones de habitantes.
«Camacol no puede seguir pavimentando la Sabana de Bogotá porque dejará sin agua a nueve millones de habitantes. Por primera vez, deben entender que la vida está primero que la codicia», manifestó a través de su cuenta en X, el mandatario.
Además, instó a la ciudadanía a defender los recursos hídricos y abogó por medidas como la protección de humedales, la recuperación del río Bogotá y la creación de la reserva Thomas Van der Hammen.
La respuesta de Camacol no tardó en llegar. En un hilo publicado en la cuenta oficial, la entidad rechazó las afirmaciones del presidente y aseguró que la construcción formal no es una amenaza ambiental, sino una alternativa para un crecimiento urbano ordenado.
«Camacol no ‘pavimenta’ la Sabana ni pone en riesgo el agua de Bogotá. Defendemos la construcción formal y ambientalmente sostenible, con planificación y respetando el medio ambiente. No se puede confundir desarrollo ordenado con depredación», señaló la organización.
Resolución ministerio
Además, la Cámara de la Construcción criticó una reciente resolución del Ministerio de Ambiente que, según ellos, «no protege el agua, sino que bloquea el desarrollo y deja en el limbo a miles de familias», al poner en riesgo la construcción de 360.000 viviendas, en su mayoría de interés social.
«Las decisiones deben ser técnicas, concertadas y respetar la autonomía territorial», enfatizó la entidad.
En un comunicado, la entidad expresó su respaldo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y a más de 35 alcaldes municipales afectados por el proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente, el cual impone restricciones sin un proceso participativo.
Camacol solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación para garantizar que las decisiones en materia de ordenamiento territorial respeten la Constitución, la ley y los principios de participación y análisis técnico.
“Respaldamos las acciones del alcalde Galán para defender el ordenamiento urbano y garantizar el acceso a la vivienda”, afirmó Guillermo Herrera, presidente del gremio, quien pidió garantizar un equilibrio entre desarrollo sostenible y derechos ciudadanos.
