Según la entidad, las compañías habrían recalculado de manera inadecuada la tasa de descuento para fijar los cargos de transporte, generando posibles sobrecostos para los usuarios. El proceso podría derivar en sanciones económicas y medidas administrativas, mientras la autoridad revisa el impacto regulatorio de los hallazgos.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inició una investigación sancionatoria contra seis de los siete transportadores del sistema de gas natural por redes, al encontrar presuntas irregularidades en el cálculo de los cargos regulados. Según el comunicado oficial, las empresas “presuntamente realizaron un cálculo que afectaría de manera directa a los usuarios por traslados ineficientes de costos a la tarifa que pagan en el servicio público domiciliario de gas natural en todo el país”.
El proceso administrativo surgió tras la revisión de los parámetros utilizados para recalcular la tasa de descuento aplicada en la fijación de cargos. De acuerdo con la entidad, los investigados “no atendieron el procedimiento establecido en la Resolución CREG 175 de 2021, al recalcular de manera inadecuada la tasa de descuento y hacer uso del 11,88 % establecido en la Resolución CREG 102 002 de 2023”, un valor superior al previsto por la regulación vigente.
Este ajuste, afirma la Superintendencia, “recalculó que afectaría de manera directa a los usuarios por traslados ineficientes a la tarifa que pagan en el servicio público domiciliario de gas natural en todo el país”.
Los pliegos de cargos se formularon por presunta vulneración a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 142 de 1994, el artículo 4 de la Resolución CREG 080 de 2019 y el artículo 6 de la Resolución CREG 175 de 2021. La autoridad explicó que estas normas establecen los criterios técnicos y regulatorios que deben aplicarse para garantizar tarifas eficientes y evitar que se incorporen costos que no corresponden al servicio.
La Superintendencia advirtió que, de probarse las infracciones, “las personas jurídicas investigadas podrían ser sancionadas con multa y medidas procedentes”. A la vez, reiteró que su labor busca asegurar condiciones adecuadas para los usuarios y mantener la integridad de los criterios tarifarios.
En el comunicado, la entidad sostuvo que continuará “fortaleciendo sus acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar condiciones de eficiencia en la prestación del servicio y que haya estricto cumplimiento a la normatividad y regulación vigente, procurando la protección al usuario”.
Finalmente, precisó que el proceso seguirá con la etapa de descargos y la valoración técnica de la documentación que aporten las empresas transportadoras mientras avanza la determinación de posibles responsabilidades.
