La advertencia ocurre en un clima de creciente control informativo por parte del régimen de Nicolás Maduro, donde los medios públicos y privados enfrentan presiones al abordar temas sensibles para el poder. En ese contexto, los recientes vetos a periodistas reflejan una censura con motivaciones políticas y una narrativa estatal cada vez más cerrada.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció este jueves una nueva oleada de censura en emisoras radiales con presencia nacional, tras la suspensión temporal de periodistas que abordaron en sus espacios dos hechos de alto interés público: el atentado en Bogotá contra dos activistas venezolanos exiliados y la reciente entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.
La organización gremial señaló que ambas coberturas fueron vetadas por las directivas de varios circuitos radiales, bajo presión directa o tácita, en lo que calificó como “manifestaciones graves de censura que vulneran el derecho a informar y ser informado”.
En un comunicado divulgado a través de redes sociales, el SNTP alertó sobre amenazas internas, represalias laborales y prohibiciones expresas que han derivado en la remoción o suspensión de periodistas por ejercer su labor informativa. “Estas decisiones reflejan el avance de una censura que busca borrar de la agenda pública los temas que incomodan al poder”, advirtió la organización, que además denunció el impacto de estos actos en la pluralidad informativa y la deliberación pública.
Aunque no mencionó nombres de medios o periodistas por razones de seguridad, el sindicato hizo un llamado urgente a detener la escalada de silenciamiento. Desde el sindicato también se solidarizaron con los colegas afectados y reafirmó su compromiso en la defensa del ejercicio libre y digno del periodismo venezolano. “La censura, sea por imposición directa o por miedo a represalias, constituye una forma de violencia contra el periodismo”, se lee en la nota.
Yendo más allá, la organización de periodistas reiteró que toda práctica que imponga vetos, silencie voces o limite el análisis de hechos relevantes constituye una violación frontal a la libertad de expresión. La denuncia del gremio se produce en un momento de creciente tensión política y vigilancia comunicacional, a pocos meses de las elecciones presidenciales previstas para 2025, y en medio de un deterioro sostenido del ecosistema informativo en el país.
Finalmente, según reportes de organizaciones internacionales, Venezuela sigue registrando restricciones sistemáticas a la prensa independiente, cierres de emisoras, bloqueos de portales web y mecanismos indirectos de presión contra periodistas y medios críticos.
