La Defensoría del Pueblo le exigió al gobierno de Gustavo Petro que prevenga posibles acciones bélicas indiscriminadas contra la población si eventualmente son suspendidos los diálogos de paz.
La Defensoría del Pueblo alertó que, pese a los diálogos de paz entre el gobierno nacional y los grupos armados ilegales, existe un peligro inminente, particularmente en 12 municipios del Cauca y dos del Valle del Cauca, por el alto riesgo de que se presenten ataques indiscriminados de los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, del Estado Mayor Central de las Farc, que en su accionar han afectado a las comunidades.
De a acuerdo con la Alerta Temprana de Inminencia 036 del 2023, emitida por la entidad de derechos humanos, los municipios advertidos son Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez, Miranda, Corinto, Caloto, Guachené, Toribío, Jambaló, Caldono, Morales y Cajibío, en el Cauca, así como Dagua y Jamundí, en Valle del Cauca, localidades donde hace presencia la disidencia de Iván Mordisco.
Atentados contra la paz
La Defensoría detalla algunos hechos, por ejemplo, el ataque en Timba (municipio de Buenos Aires, Cauca), el 20 de septiembre pasado, y el atentado en Potrerito (Jamundí, Valle del Cauca), dos días después. En los dos casos, el Frente Jaime Martínez habría utilizado artefactos explosivos improvisados para atentar contra las estaciones de Policía de los dos corregimientos.
La acción criminal en Timba dejó dos personas muertas y cinco más heridas; a estos lamentables hechos se sumaron el desplazamiento de 20 familias y la destrucción parcial o total de algunas viviendas. El atentado en Potrerito, entre tanto, dejó heridas a 10 personas.
“En la Defensoría del Pueblo apoyamos los diálogos de paz que el gobierno adelanta con los grupos armados ilegales; sin embargo, deben ajustarse a las condiciones reales de un proceso complejo y cambiante, por eso hacemos esta nueva advertencia”, enfatizó el defensor del Pueblo.
Gobierno debe prevenir la violencia
Si eventualmente son suspendidos los diálogos con los grupos armados ilegales con los que son adelantadas conversaciones, el gobierno nacional debe prevenir posibles acciones bélicas indiscriminadas contra la población y sus bienes civiles, exigió el
defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
“El gobierno, igualmente, debe establecer medidas para evitar que los actores armados al margen de la ley acudan a acciones violentas tras una eventual suspensión de ceses al fuego acordados, tal como sucedió en mayo de este año con el Estado Mayor Central en Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta”, es otro de los llamados de Carlos Camargo Assis.
