Lucha por el control de rutas estratégicas y rentas ilegales entre grupos armados ilegales ha desatado una sangrienta disputa en la Sierra Nevada de Santa Marta. Solo en el primer semestre de 2025, se han registrado 634 muertes a bala en Magdalena, Cesar y La Guajira.
La Sierra Nevada de Santa Marta, considerada un santuario ambiental y cultural, enfrenta una de sus peores crisis de seguridad en décadas. La más reciente alerta proviene del informe semestral de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes Sociales (PDHAL), que reporta 634 homicidios entre enero y junio de 2025 en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.
El documento detalla que la violencia no es un fenómeno aislado, sino el resultado directo de una guerra territorial entre facciones del crimen organizado, que se disputan el control de corredores estratégicos del narcotráfico.
A esta confrontación armada se suman los efectos de un aparato institucional fragmentado, la falta de presencia estatal y una política de seguridad sin coordinación interdepartamental.
Cocaína, rutas y sangre
En el departamento del Magdalena, precisa el documento, se registraron 340 homicidios, la cifra más alta desde 2010. La capital, Santa Marta, junto con Ciénaga, concentran la mayor parte de los casos, asociados a disputas entre el Ejército Gaitanista de Colombia – Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el grupo Los Primos y estructuras locales como Los Carperos.
Santa Marta, la capital, también ha sido escenario de varios operativos que han resultado en el decomiso de más de 12 toneladas de cocaína solo en el primer semestre del año, lo que evidencia la relevancia de su puerto en las rutas hacia Centroamérica y Europa.
En La Guajira, la situación es igualmente crítica. Se reportan 131 asesinatos, principalmente en Riohacha y Maicao, donde operativos de la Armada y la Policía han decomisado cerca de 9 toneladas de alcaloides, en rutas que cruzan hacia la Alta Guajira y Venezuela.
Los municipios fronterizos se han convertido en epicentro de enfrentamientos entre el EGC y las ACSN, lo que ha dejado en medio a comunidades indígenas Wiwa y Kogui, hoy confinadas y con acceso restringido a alimentos, salud y educación.
En el sur del Cesar, zonas como la Serranía del Perijá han sido ocupadas por las ACSN, desplazando a estructuras residuales y provocando una escalada de violencia en zonas rurales de municipios como La Jagua de Ibirico, Manaure y González.
PDHAL también alerta sobre el aumento de delitos conexos como extorsión, desapariciones forzadas, confinamientos colectivos y reclutamiento forzado de menores, en un contexto de creciente impunidad.
Las comunidades denuncian que los intentos de diálogo con los grupos armados son incompletos y excluyen a departamentos como La Guajira y Cesar. El Alto Comisionado para la Paz ha sido señalado por implementar procesos “invisibles y sin resultados verificables”.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades locales y nacionales aún no han respondido oficialmente al informe. Mientras tanto, crece la exigencia por parte de organizaciones sociales e indígenas de establecer un plan de seguridad diferencial y coordinado, que aborde tanto la emergencia humanitaria como la disputa narco-territorial que azota a esta región estratégica del Caribe colombiano.
