La Superintendencia de Industria y Comercio comprobó en el marco de una investigación, que tres compañías, en su calidad de mayoristas e IPS, desatendieron las tarifas establecidas por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos.
A través de sus canales oficiales de comunicación, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la imposición de sanciones a tres sociedades —en calidad de mayoristas e IPS— tras comprobar que excedieron los precios máximos de venta de medicamentos esenciales.
En total, las multas suman $5.763 millones, luego de inspecciones en Cali y Cúcuta a compañías distribuidoras y clínicas de la red privada. De acuerdo con el informe oficial, “las medidas adoptadas responden a la obligación de proteger los derechos de los pacientes, garantizar el acceso a tratamientos esenciales y velar por la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
Medicamentos con sobrecostos hasta de 7.000 %
Las investigaciones revelaron que Distribuidora Hospitalaria de Cúcuta S.A.S., como mayorista, comercializó 47 medicamentos entre octubre de 2022 y junio de 2023, con sobreprecios que oscilaron entre 1,24 % y 7.000 %. Uno de los medicamentos fue Tisseel, usado en la rutina médica como sellante de tejidos, cuyo valor máximo era $585.368 y se vendió en $4.750.000.
También se comprobó que Fabilu S.A.S., otra mayorista, distribuyó nueve fármacos en 2023 con incrementos de hasta 164,7 %. En este grupo sobresale el anticoagulante Clexane, con precio máximo autorizado de $12.089, pero comercializado en $32.000.
En paralelo, la SIC estableció que Fabilu S.A.S., como IPS y propietaria de la Clínica Colombia ES, vendió 10 medicamentos en 2023 con sobrecostos entre 3,38 % y 2.175 %. Entre ellos nuevamente aparece Tisseel, en su versión inyectable, cuyo precio debía ser $313.172 pero fue ofrecido en $7.125.000.
Igualmente, Fabisalud IPS S.A.S., dueña de la Clínica Cristo Rey, comercializó cuatro medicamentos con incrementos de hasta 100 %. El inhalador Symbicort Turbuhaler, prescrito para asma y EPOC, tenía un valor máximo de $55.114 y fue cobrado en $110.229.
Finalmente, la Superintendencia resaltó que “el régimen de control directo de precios de medicamentos es una medida esencial para prevenir abusos de mercado y garantizar que los recursos públicos se usen de manera eficiente”. Estas sanciones son de primera instancia y contra ellas proceden recursos de reposición y apelación.
