Según su análisis, el esquema definido por el Gobierno traslada costos al sector productivo y a los consumidores, mientras mantiene intactos problemas de recaudo, finanzas y gestión en la Costa Caribe.
El economista y experto en energía Sergio Cabrales cuestionó los efectos del Decreto 044 de 2026, expedido en el marco del Estado de Emergencia Económica y Social, al advertir que las medidas adoptadas para sostener el sistema eléctrico pueden terminar afectando la inversión en generación.
Cabrales señaló que el decreto contempla “medidas extraordinarias para garantizar la continuidad del servicio eléctrico en Colombia”, pero advirtió que estas decisiones “desincentivan la inversión en el sector de generación”, al introducir nuevas cargas económicas sobre las empresas encargadas de producir energía.
Uno de los puntos críticos, según explicó, es la creación de una contribución parafiscal del 2,5 % sobre la utilidad antes de impuestos de 2025, a cargo de los generadores, destinada al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para Cabrales, este mecanismo incrementa la presión financiera sobre un eslabón clave del sistema sin resolver los problemas estructurales del mercado.
El experto también llamó la atención sobre el aporte en especie de energía equivalente al 12 % de la energía vendida en bolsa por los generadores hidráulicos. Aunque el decreto establece que esta medida no afecta tarifas, despacho ni formación de precios, Cabrales subrayó que “sí implica una mayor carga para las empresas, que deberán asumir parte del costo de la crisis de liquidez del sistema”.
En su análisis, el economista advirtió que el impacto no recae únicamente sobre los generadores. “No solo los usuarios asumirán un cargo adicional de ocho pesos por kilovatio hora, sino que las empresas enfrentarán una mayor carga tributaria para solventar la situación del sistema eléctrico en la Costa Caribe”, afirmó.
Cabrales contextualizó su crítica en el énfasis regional del decreto, orientado a mitigar el riesgo sistémico y la crisis de liquidez del mercado eléctrico en la Costa Caribe. Sin embargo, advirtió que este enfoque puede generar efectos adversos de mediano plazo si se envían señales negativas a la inversión en nueva capacidad de generación.
A su juicio, el desafío del sistema eléctrico no se limita a cerrar brechas financieras coyunturales. “El problema es cómo garantizar continuidad y estabilidad sin comprometer la inversión futura”, planteó, al señalar que la seguridad energética del país depende de un equilibrio que el Decreto 044, en su forma actual, aún no logra consolidar.
