Varios de ellos se pronuncian en redes sociales a favor de quienes comenten este tipo de actos abiertamente ilegales que están poniendo en riesgo el patrimonio de más de 700.000 ganaderos, pues, es contra este gremio que mayoritariamente atentan.
El pasado 23 de diciembre cuando casi todos los colombianos se preparaban para festejar la Navidad, un grupo indeterminado de personas se movilizó contra dos haciendas ganaderas en los municipios de Arjona y Turbaco, en el departamento de Bolívar, con el fin de tomarlas en posesión.
Gracias a la intervención de varias instituciones públicas y a la Brigada Solidaria Ganadera coordinada por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y la Asociación de Exportadores de Ganado (Aexgán), ambos inmuebles pudieron ser restituidos a sus propietarios y tenedores legalmente reconocidos, sin que se presentara ningún hecho violento.
Tanto José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, y Juan Gonzalo Botero, presidente de Aexgán, han mostrado su desacuerdo con el discurso que en torno a este tipo acciones vienen manejando varios congresistas del Partido Comunes, originado tras la firma de los Acuerdo de La Habana y la desmovilización de un grupo de insurgentes.
Varios de estos congresistas, a pesar de haber retornado a la vida civil, insisten en ejecutar acciones abiertamente ilegales, argumentando que es la única forma de presionar al Gobierno Nacional para que cumpla con la distribución de la tierra prometida en campaña.
Senadores de las FARC justifican invasiones
Uno de los primeros que se pronunció sobre este tema fue Julián Gallo, quien desestimando las vías formales de comunicación con las instituciones públicas, asegura en su cuenta en la red social X, que los campesinos carentes de tierra o necesitada de ella deben usar estos mecanismos de presión al Gobierno Nacional.
“Campesinos de los municipios de Turbaco y Arjona, del departamento de Bolívar, organizados en la coordinadora Somos Tierra, ingresaron a predios que están siendo administrado por la @activosSAE, después de realizar varias solicitudes de manera formal para acceder a estos predios y no recibir respuesta de la entidad. Para avanzar con las políticas del #GobiernoDelCambio, hay que acelerar la entrega de la tierra a los campesinos”, trinó Gallo, citando al presidente Gustavo Petro y al presidente de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas Medellín.
También, por la misma vía, opinó sobre el tema, Pablo Catatumbo, quien citando
un video publicado por Juan Gonzalo Botero, donde informa sobre la invasión y hace claridades sobre la situación jurídica del predio y obviando los procedimientos establecidos por la ley para tales fines, comentó que por el hecho de presentarse como campesino a un predio perteneciente al Estado o sus instituciones, el mismo debería adjudicársele.
“La tierra para el campesinado y no para los ganaderos ricos. Así quedó plasmado en el Acuerdo Final de Paz. La @activosSAE, debe resolver favorablemente las solicitudes de tierra hechas por las organizaciones campesinas de la Coordinadora Agraria, Étnica y Campesina Somos Tierra en Turbaco y Arjona Bolívar”, trinó Catatumbo.
La organización promotora de la ocupación ilegal, denominada Somos Tierra y que se presenta como un coordinadora agraria, étnica y campesina, agradeció el respaldo brindado por los congresistas.
Rechazo generalizado a invasiones
Esta política de ocupación ilegal que parece ser un mecanismo para demeritar el ejercicio productivo de algunos empresarios que pagando al Estado para usufructuar la tierra, deben soportar actos como este abiertamente ilegales.
Precisamente, Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE, entidad que ha sido mencionada en prácticamente todas las invasiones que se han presentado el último semestre como promotora de los mismos, rechazó de plano lo que los senadores de las FARC denominan presión para obtener adjudicaciones.
“Solicitamos a campesinos reclamantes de tierra no dejarse manipular por invasores, hemos insistido hasta el cansancio que mediante esa vía la SAE no va a beneficiar a nadie”, dice uno de los apartes del extenso trino de Rojas Medellín aclarando lo sucedido, igualmente, dio un parte de tranquilidad a los ganaderos que participaron en la Brigada Solidaria que logró la recuperación del inmueble y se sintieron agredidos e intimidados por las órdenes de perfilamiento dadas a la Policía por una de sus funcionarias.
Finalmente, a pesar de estas palabras, queda en el ambiente rural, donde se presentan estas acciones ilegales, que hay una suerte de instigación permanente por parte de ciertos actores públicos que desde sus cargos y curules vienen promoviendo estos atentados contra los intereses del sector ganadero al que constantemente vilipendian. Dependerá del Gobierno Nacional y sus instituciones armonizar el sentido real de la Reforma Agraria.
