La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, presentó ante la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno de Gustavo Petro declaró un estado de emergencia económica y social. Argumenta que dicha medida viola el artículo 215 de la Constitución al utilizar una figura excepcional para corregir errores de planeación fiscal y sortear decisiones del Congreso, como el rechazo a la ley de financiamiento.
María Fernanda Cabal radicó una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró un estado de emergencia económica y social. La congresista denuncia que dicha medida viola abiertamente el artículo 215 de la Constitución Política y representa un uso arbitrario del poder ejecutivo.
En un comunicado emitido por su oficina de prensa y reforzado mediante su cuenta oficial en X (antes Twitter), Cabal advirtió que el Ejecutivo está utilizando una figura constitucional excepcional, diseñada para enfrentar crisis súbitas e imprevisibles para “corregir errores de planeación fiscal” e “imponer por decreto lo que el Congreso negó democráticamente” tras el hundimiento de la reciente ley de financiamiento.
“El déficit fiscal y el fracaso de una ley de financiamiento no son hechos sobrevinientes ni imprevisibles”, afirmó textualmente la senadora, subrayando que la emergencia no puede invocarse como herramienta para justificar nuevos impuestos, incrementar el gasto público o tomar decisiones que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos sin que exista una verdadera crisis excepcional.
Cabal hizo un llamado a la Corte Constitucional a ejercer su rol de guardiana de la Carta Magna y frenar lo que calificó como un “saqueo fiscal” impulsado por un “gobierno socialista que pretende gobernar por decreto”. “Es el turno de la Corte para proteger la Constitución, la separación de poderes y el bolsillo de los colombianos”, concluyó.
La acción presentada ante la alta corte busca que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, al considerar que su fundamento no cumple con los requisitos exigidos por la Constitución para declarar un estado de emergencia: gravedad, imprevisibilidad y urgencia extrema. La decisión de la Corte podría tener efectos inmediatos en la política económica del actual gobierno y reafirmar los límites del poder presidencial en materia legislativa.
Mientras tanto, el debate sobre la legitimidad y los alcances del decreto se intensifica en el Congreso y en la opinión pública, en medio de crecientes críticas por la forma en que se está gestionando la crisis fiscal del país.
