La congresista por el partido Centro Democrático anunció en el Congreso su decisión de demandar la resolución de la fiscal Luz Adriana Camargo que suspende las órdenes de captura de terroristas de las FARC capturados en flagrancia. Argumenta que esta medida es una violación a la Constitución y una amenaza al Estado de Derecho en Colombia.
En una enérgica intervención en el Congreso de la República, la senadora María Fernanda Cabal notificó que procederá a instaurar una demanda de nulidad contra la resolución emitida por la Fiscal Luz Adriana Camargo. Según la congresista, esta resolución pretende suspender las órdenes de captura de varios terroristas de las FARC, capturados recientemente en flagrancia mientras se movilizaban en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Antioquia. Calificó esta medida como una flagrante violación de la Constitución y un atentado contra el Estado de Derecho en Colombia.
La política opositora fundamentó su anuncio en el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece las funciones de la Fiscalía General de la Nación, entre las que se incluye la obligación de adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos delictivos que lleguen a su conocimiento. En su intervención, subrayó que la Fiscalía no puede suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos específicos que establece la ley bajo el principio de oportunidad.
“En uno de los carros iba un niño de 17 años, reclutado desde los 12. Ese delito quedará impune. ¿Los millones de pesos y miles de dólares son producto de qué? ¿Narcotráfico? ¿Extorsión?”, cuestionó Cabal, poniendo de manifiesto la gravedad de los hechos y la necesidad de continuar con el proceso penal sin interrupciones. Para la senadora, la resolución de la fiscal Camargo no es más que una «patente de corso para delinquir».
Críticas al rol de organismos internacionales
Cabal también dirigió duras críticas a la ONU y a otros organismos internacionales, acusándolos de proteger a los criminales en lugar de defender los derechos humanos, especialmente los derechos de los niños. “La ONU tiene el deber de proteger los derechos humanos, no de complacer criminales. ¿Será que a la ONU se le olvidó que en sus mandatos está la protección de los niños? Es una vergüenza el papel de Naciones Unidas en Colombia”, enfatizó la senadora.
Reacciones y opiniones
El anuncio de Cabal ha generado una serie de reacciones en el ámbito político y jurídico. Rafael Nieto Loaiza, columnista y ex viceministro de Justicia, expresó a través X la decisión de la Fiscalía de «abiertamente ilegal». “La suspensión de las órdenes de captura se hace extensiva a las situaciones de flagrancia. Esa decisión es abiertamente ilegal: ¡la Fiscalía NO puede ordenar que no se capture en flagrancia! Significaría una autorización tácita para delinquir sin límite”, explicó Nieto Loaiza.
En la misma línea, la senadora Cabal reiteró su posición a través de su cuenta de X (antes Twitter), criticando al Estado y a los organismos internacionales por su inacción frente a los crímenes de las disidencias de las FARC. “Gravísimo. Un Estado que persigue a la fuerza pública y premia a asesinos de niños. Y la ONU y la OEA, convidados de piedra en la defensa de las víctimas”, mencionó.
La controversia surge tras la denuncia del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien reportó que Diana Carolina Rey Rodríguez, alias Érika Castro, miembro del Frente Carolina Ramírez de las disidencias FARC, fue capturada en flagrancia por el Ejército Nacional, pero luego liberada por orden de la Fiscalía. La captura incluyó a otros seis integrantes de las disidencias, entre ellos Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu o Leo, quien tenía órdenes de captura por varios delitos.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que entre los detenidos también estaba María Alejandra Ojeda, quien portaba una pistola de manera ilegal. Velásquez detalló que “cinco personas más fueron detenidas en flagrancia”, incluyendo a alias Érika, quien poseía un proveedor y otros elementos.
La demanda de nulidad presentada por Cabal no solo busca revertir una resolución específica, sino también reafirmar el compromiso del Estado con la justicia y la protección de las víctimas.
