La congresista argumenta que esta medida, además de vulnerar la autonomía de las CAR, supone una intromisión del Ejecutivo en funciones propias del Congreso y una interpretación errónea de la Constitución.
La senadora María Fernanda Cabal interpuso una demanda de nulidad contra el decreto 1275 de 2024, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que otorga competencias ambientales a autoridades indígenas en Colombia.
La medida, firmada el pasado 15 de octubre, ha generado una intensa controversia entre el gobierno nacional y sectores de la oposición, quienes cuestionan su legalidad y la duplicidad de funciones que podría generar en la gestión ambiental del país.
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En su demanda, presentada ante el Consejo de Estado, la senadora Cabal argumenta que el decreto es inconstitucional al violar la autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que han sido responsables históricamente de la regulación ambiental en las distintas regiones del país, conforme lo estipula la Ley 99 de 1993.
Según la legisladora, el decreto representa una intromisión del Ejecutivo en competencias que deberían ser reguladas por el Congreso de la República, como se establece en el artículo 150 de la Constitución Política, que otorga al Congreso la facultad de desarrollar y organizar las funciones de las CAR.
“El Ejecutivo no puede suplantar al Congreso en su labor y mucho menos generar duplicidad de funciones con organizaciones que carecen de la competencia y capacidad para otorgar permisos e imponer multas”, afirmó. Para ella, el decreto vulnera el principio de legalidad y la separación de poderes, elementos fundamentales del sistema democrático colombiano.
Contexto y justificación del decreto
La firma del decreto fue acompañada de un enérgico discurso del presidente Gustavo Petro, quien defendió la medida argumentando que las comunidades indígenas están mejor capacitadas para gestionar y proteger los recursos naturales en sus territorios.
“Nadie puede enseñarle a cualquier colombiano y a cualquier institución colombiana y latinoamericana cómo se construye el equilibrio con la naturaleza mejor que los pueblos indígenas”, expresó Petro en su intervención.
El mandatario, además, lanzó duras críticas a las CAR, a las que acusó de estar subordinadas a intereses económicos y de contribuir a la destrucción de los recursos naturales en lugar de protegerlos.
“Las autoridades indígenas tendrán igual poder que las corporaciones autónomas, que en su mayoría no han demostrado ser instrumentos de cuidado de la naturaleza sino lo contrario. Se han arrodillado a la codicia y esa codicia ha entregado a nuestra hermosa naturaleza a la destrucción”, añadió Petro.
El decreto establece un esquema de coordinación entre las autoridades indígenas y otras entidades estatales para la gestión ambiental de sus territorios, otorgándoles facultades que anteriormente solo poseían las CAR, como la expedición de permisos ambientales y la imposición de sanciones en caso de infracciones ambientales.
Sin embargo, Cabal y otros críticos consideran que esta medida viola la Constitución al delegar funciones en cuerpos que, en su opinión, carecen de los conocimientos técnicos y la infraestructura para ejercer dichas competencias.
Argumentos de la demanda
En su demanda, la senadora Cabal cuestiona varios aspectos del decreto, argumentando que el Ministerio de Ambiente y la Presidencia han interpretado de forma errónea las disposiciones constitucionales y legales sobre competencias ambientales.
Según la líder opositora, el decreto no solo viola la autonomía de las CAR, sino que también establece una duplicidad de funciones, lo que podría generar caos administrativo y problemas en la aplicación de las políticas ambientales.
Además, Cabal sostiene que el decreto representa un abuso de poder por parte del Ejecutivo, que, en su opinión, está asumiendo competencias legislativas sin la aprobación del Congreso.
“El Ministerio de Ambiente y la Presidencia incurren en el cargo de falta de aplicación a la norma respecto a la atribución de competencias ambientales y dan una interpretación errónea de las disposiciones constitucionales y legales de las competencias ambientales”, argumenta la senadora en su demanda.
También ha señalado que, al otorgar a las autoridades indígenas funciones de regulación y sanción en temas ambientales, el decreto crea una “subdivisión de autoridades” que podría resultar en conflictos de jurisdicción y competencia, complicando la protección efectiva del medio ambiente.
Este enfrentamiento parece ser solo el inicio de una batalla judicial. Durante la firma del decreto, el presidente Petro anticipó la posibilidad de que su medida enfrentara múltiples desafíos legales.
“Si lo tumban una vez, pues volverá a hacerse hasta que los derrotemos”, advirtió el mandatario, dejando entrever su determinación de mantener la decisión, incluso si es necesaria una reforma constitucional para respaldarla.
La posible nulidad del decreto también abre una discusión sobre la capacidad y el papel de las CAR, las cuales, si bien son las entidades principales en la regulación ambiental, han sido cuestionadas en varias ocasiones por presuntos actos de corrupción y mala gestión en el cumplimiento de sus funciones.
Petro, al otorgar poderes a las comunidades indígenas, plantea la idea de que estas pueden desempeñar un rol más efectivo en la protección del medio ambiente, en contraposición a las CAR.
Para la senadora y otros líderes de oposición, la situación plantea una concentración de poder en el Ejecutivo y una amenaza a la autonomía de las instituciones establecidas. La demanda interpuesta por la dirigente política podría resultar en un precedente importante sobre los límites de la descentralización y la interpretación de las competencias ambientales en el país, un tema que no solo involucra la gestión de recursos, sino también la autonomía territorial y la participación de comunidades históricamente marginadas en la toma de decisiones que afectan sus tierras.
El futuro del decreto 1275 de 2024 ahora depende de la decisión que tome el Consejo de Estado, el cual deberá analizar los argumentos presentados por Cabal y evaluar la constitucionalidad de esta normativa.
