La líder opositora advierte que la prohibición podría reducir las regalías en más de 100 mil millones de pesos y aumentar el déficit fiscal a 27,1 billones de pesos, afectando gravemente las finanzas públicas y el empleo en el sector minero.
La senadora María Fernanda Cabal, una de las voces más críticas del gobierno de Gustavo Petro, ha lanzado una nueva ofensiva contra el reciente decreto que ordena la suspensión de las exportaciones de carbón colombiano a Israel. Cabal argumenta que esta medida, que considera «absurda» y «motivada por una agenda ideológica», no solo viola la Constitución y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel, sino que también pone en riesgo la estabilidad económica del país.
En un mensaje publicado en su cuenta de X (anteriormente Twitter), la senadora anunció la radicación de una demanda de nulidad contra el decreto 1047 del 14 de agosto de 2024, que establece la prohibición de exportar carbón a Israel. Según Cabal, esta decisión «pone en riesgo el empleo en los departamentos productores e impide que La Guajira y Cesar reciban más de 100 mil millones de pesos en regalías».
El decreto en cuestión fue firmado por varios ministros del gabinete de Petro, incluyendo al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el canciller Luis Gilberto Murillo, y el ministro de Industria, Comercio y Turismo Luis Carlos Reyes. La medida se enmarca dentro de la postura crítica del gobierno colombiano hacia Israel en el contexto del conflicto con Palestina, una postura que ha sido vista por sectores de la oposición como un alineamiento ideológico que compromete la neutralidad del Estado en asuntos internacionales.
Cabal ha insistido que esta decisión tiene un impacto directo y negativo sobre la economía nacional. «La economía colombiana ha venido presentando un deterioro en lo transcurrido de este año», advirtió la senadora, citando cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que muestran un crecimiento del PIB de apenas 0.7% en el primer trimestre de 2024 y del 2.1% en el segundo trimestre. Este desempeño, sumado a otros factores, ha generado un aumento en la tasa de desocupación, que pasó del 9.3% al 10.3% en el último año.
El subsector del carbón, uno de los más afectados por esta decisión, es fundamental para la economía colombiana. Según datos de la Asociación Colombiana de Minería, el carbón es el segundo producto de exportación del país, representando el 22% de las exportaciones totales y el 60% de las exportaciones mineras. Además, el sector genera más de 50,000 empleos directos y cuatro veces más empleos indirectos.
La senadora Cabal también hizo hincapié en que la suspensión de las exportaciones de carbón a Israel afectará gravemente las finanzas públicas. Según sus cálculos, solo las ventas de carbón a Israel representan ingresos de aproximadamente 2.1 billones de pesos al año para Colombia. La pérdida de estos ingresos, sumada a otros factores como el menor recaudo tributario y los ingresos no percibidos por litigios judiciales, podría llevar el déficit financiero del país a un total de 27.1 billones de pesos.
Fundamento legal y críticas al Decreto
El decreto 1047 se justifica, según la Presidencia de la República, en un artículo del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, que permite a los países de la Organización Mundial del Comercio (OMC) implementar medidas para proteger la «moral pública». No obstante, Cabal cuestiona esta interpretación, argumentando que la medida es un reflejo de la ideología del gobierno de Petro, que ha criticado abiertamente a Israel mientras mantiene una postura mucho más indulgente con regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela y el de Vladimir Putin en Rusia.
La senadora también cuestionó la legalidad del decreto, señalando que viola el TLC entre Colombia e Israel, que establece la obligación de garantizar un comercio bilateral libre y justo. Además, subrayó que la decisión contraviene el principio constitucional de neutralidad del Estado en conflictos internacionales, al tomar una posición activa en un conflicto que tiene profundas implicaciones geopolíticas.
La iniciativa liderada por la senadora Cabal representa un desafío significativo para el gobierno actual, no solo en términos legales y constitucionales, sino también en términos de sus implicaciones económicas y sociales. La controversia continúa creciendo mientras Colombia se enfrenta a decisiones que podrían moldear su panorama económico y político en los próximos meses.
