El país vio en videos cómo dos hombres armados ingresaron a la casa de Leoncio Picón y sacaron a su hijo adolescente de su casa en Aguachica, 15 días después el joven fue liberado. Pablo Sánchez no contó con la misma suerte, pues, luego de ser asaltado y torturado, recibió un tiro en la cabeza.
Hace pocos días el gobernador del Cesar, Andrés Meza Araujo, anunció tras un consejo de seguridad que en ese departamento opera un cartel dedicado al abigeato y carneo de reses, que luego de sacrificar a los animales in situ, ingresa la carne al mercado negro local y regional poniendo en riesgo no solo la estabilidad económica de los ganaderos, sino también, la salud de los ciudadanos que eventualmente consuman ese producto.
Las autoridades pudieron determinar que se trataba de una estructura bien organizada porque utilizaron el mismo sistema para sustraer ganado de varias fincas ubicadas en la zona rural de los municipios de Valledupar, La Paz, San Diego y Bosconia. Según Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno Departamental, la forma de operar confirmaría “la existencia de un cartel que está al frente de este delito y que están comercializando la carne en los centros de alto consumo”.
A este problema de tamañas magnitudes y que parece estar fuera de control, según declaraciones del gobernador porque “los ganaderos no están recibiendo la seguridad que merecen”, se le suma ahora el secuestro extorsivo, delito que desde hacía varios años era solo asunto de los libros de historia y las declaraciones de personajes alzados en armas que hoy se encuentran en libertad o purgando penas en cárceles colombianas o estadounidenses.
La grave situación de hoy día empieza a preocupar al gremio ganadero del Cesar en pleno, pues en el pasado reciente, fue precisamente el secuestro uno de los delitos qué más utilizaron los grupos armados ilegales para presionar a los empresarios. Un informe de la Fundación Colombia Ganadera (Fundagán) asegura que en el marco del conflicto que vive el país desde hace más de 60 años, este sector aportó alrededor de 3293 víctimas.
Ese mismo estudio da cuenta que de los 3293 hombres y mujeres del gremio ganadero que se han declarado perjudicados por el conflicto armado, un número cercano a los 1354 afectados reside en la Región Caribe y, el departamento del Cesar, en particular, registra casi la mitad del total: 41 % de las víctimas con 216 asesinatos y 352 ganaderos secuestrados.
Ganaderos no están recibiendo la seguridad que merecen
En lo que va corrido de este año se han presentado seis casos de secuestro a ganaderos y empresarios del agro en Cesar, incluso, uno de ellos murió en manos de sus captores.
Se trataba Pablo Sánchez, quien fue reportado como desaparecido por sus familiares ellunes 22 de agosto de este año y encontrado sin vida el jueves 25 del mismo mes en área rural de Aguachica. “La información que tenemos, es que los dos amigos y socios, iban a hacer un negocio de un ganado y llevaban el dinero en efectivo. De manera muy extraña, los despojan del dinero y se llevan a uno de los ganaderos”, dijo en su momento y sobre este particular el coronel Luis León, comandante dePolicía en el Cesar
Pablo Sánchez fue torturado por sus captores antes de ser asesinado con un tiro de gracia en la cabeza; en este caso, los datos suministrados por los afectados serían determinantes para encontrar al responsable: una semana después de los macabros hechos, las autoridades capturaron a Efraín Chinchilla Uribe, supuesto socio de la víctima, quien, con artificios logró que se movilizara hacia la vereda Las Piñas con una gruesa suma de dinero para cerrar una compraventa de ganado.
Casi para la misma fecha de los hechos arriba reseñados, el país veía a través de todos los noticieros y redes sociales el video de seguridad donde se aprecia como dos hombres encapuchados y fuertemente armados ingresan a una casa en Aguachica y sacan del interior a una persona en calzoncillos, quien a la fuerza es ingresada a un automóvil tipo camioneta de color negro que se pierde rápidamente del plano.
Ese mismo día se supo que se trataba de Nicolás Picón, un joven de 16 años y estudiante del grado once del Colegio Teresiano de la citada población e hijo del ganadero y comerciante Leoncio Picón. Dos semanas después, sin que se conocieran muchos detalles, el adolescente fue liberado.
Dos meses después, nuevamente la sombra del secuestro se posaba sobre el sector ganadero del Cesar. A finales de octubre se conoció que el reconocido empresario Javier García Maya, había sido apresado ilegalmente en Valledupar por un grupo armado desconocido. A través de sus redes sociales, José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán informó que “su camioneta particular fue encontrada en inmediaciones de la finca El Porvenir, vía del Puente Salguero a Los Tupes. Es un vehículo doble cabina Nissan blanco placa VAN – 339”.
Mediante un comunicado de prensa, Fedegán, gremio cúpula de los ganaderos, solicitó a las autoridades celeridad en las investigaciones y llevar al empresario sano y salvo al seno de su hogar. Sin embargo, un mes después las autoridades poco o nada saben al respecto. “Nosotros estamos abiertos a todas las hipótesis, pero aquí en Valledupar tenemos grupos delincuenciales cerquitas. Aguachica está a cinco horas, aquí tenemos actores criminales del Magdalena y de La Guajira a una hora”, aseguró en conversación con la Revista Semana el coronel Luis León Rodríguez.
Aunque las autoridades han ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos a quien suministre información del paradero de García Maya, nada se sabe de él desde que fue raptado. Familiares y amigos se han quejado públicamente por la lentitud en los avances del proceso investigativo y temen que el ganadero ya haya sido asesinado.
“Ellos [Fiscalía General de la Nación] son los que llevan el proceso y lo están manejando muy internamente. Nosotros como familiares no sabemos mucho de qué pudo haberle pasado, pues solo conocemos que fue víctima de un posible secuestro por la camioneta abandonada”, comentó recién a medios de comunicación Alfredo Maya, primo del desaparecido.
A fecha de hoy tampoco se tiene información sobre el paradero del ganadero, palmicultor y arrocero Álvaro Rodríguez Martínez, quien fue secuestrado el 23 de noviembre pasado, en el corregimiento de Pasacorriendo, jurisdicción de Tamalameque, Cesar, cuando regresaba a su casa luego de supervisar los trabajos en una de sus propiedades dedicada a la agricultura. Lo único que saben funcionarios de la Policía Nacional, Gaula Militar y CTI de la Fiscalía es que el empresario fue ingresado a una camioneta bajo amenazas de muerte por unos sujetos que luego de cumplir su cometido huyeron con rumbo desconocido.
El panorama es tenebroso
«Él iba en una moto cuando fue interceptado por una camioneta que se lo lleva. Por ese sector, por la parte de arriba, se sale hacia el Catatumbo y hemos tratado de tener la cobertura en toda esta zona con Policía Nacional y Ejército, activando la búsqueda para que este campesino regrese a su vivienda con sus familiares», informó a medios de comunicación el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel.
Aunque en ambos casos las autoridades han ofrecido millonarias recompensas, la no obtención de información que permita ubicar a los secuestrados diluye las posibilidades de que sean rescatados con vida. Este panorama pone de presente la difícil situación que atraviesan los ganaderos y empresarios del agro en ese departamento por cuenta del ataque sistemático de la delincuencia y, que de una forma u otra hace revivir en el imaginario de muchos los horrores vividos en los años 90s y principios de 2000.
La situación preocupa mucho más, si se tienen en cuenta la información que trascendió la semana pasada, según la cual, grupos armados desconocidos habrían amenazado al alcalde de Curumaní, Henry Chacón, y a los personeros de Chimichagua, Pueblo Bello y San Alberto. «Presuntamente iba a ser secuestrado el personero de San Alberto, pero él tenía una protección por parte de la Policía Nacional y parece que una reacción inmediata de esta impidió que se fraguara este hecho ilícito», dijo a Blu Radio Eduardo Esquivel.
Desde varios sectores de la economía, la política, el gremio ganadero y empresarial del departamento del Cesar enviaron un mensaje contundente a las autoridades administrativas, judiciales y de policía para que se ejecuten las acciones necesarias que permitan dar con el paradero de Javier García Maya y Álvaro Rodríguez Martínez antes que sean asesinados por sus captores o sus familiares sometidos a exigencias económicas impagables.
