Durante ocho años, tres personas habrían desviado más de 1.600 títulos judiciales mediante accesos indebidos al sistema informático de un juzgado civil. La Fiscalía los señala de cobrar valores sin legitimidad procesal. Dos recibieron medida intramural y uno fue enviado a detención domiciliaria por orden judicial.
La Fiscalía General de la Nación develó un esquema de desvío sistemático de recursos judiciales en La Guajira, que habría operado durante varios años al interior de un despacho civil de Riohacha.
El caso involucra una funcionaria judicial y dos abogados acusadas de facilitar o ejecutar el cobro irregular de más de 1.600 títulos judiciales a nombre de terceros sin legitimación procesal.
Según el expediente, la secretaria judicial Kisay Salas Camargo habría autorizado el desembolso de cientos de títulos a personas que no figuraban como partes en los procesos, aprovechando su acceso a las credenciales virtuales del juzgado. Su rol habría sido clave para permitir el desvío interno desde la fuente oficial.
A su vez, los abogados Elena Katherine Ruiz Acosta y Heden Amenth Pinto Fuentes habrían canalizado los recursos mediante maniobras administrativas y digitales, presentándose como gestores de pagos en procesos donde no representaban a ningún actor legítimo. Se estima que entre ambos lograron cobrar títulos por un valor superior a los 678 millones de pesos entre 2016 y 2024.
El caso fue priorizado por la Fiscalía Seccional, que formuló imputación por delitos como peculado por apropiación agravado, falsedad ideológica, concierto para delinquir, uso de documento falso y acceso abusivo a sistemas informáticos.
Aunque los implicados no aceptaron los cargos, dos de ellos fueron enviados a prisión preventiva, mientras el tercero permanecerá en detención domiciliaria. Las capturas se realizaron en Riohacha y Bogotá, tras una labor coordinada del CTI.
