A pesar de haber interpuesto a tiempo las querellas policivas como ordena la ley, los propietarios no han podido recuperar el dominio de su predio, además, denunciaron que hay otras propiedades ocupadas ilegalmente en la región. Desde el Congreso proponen crear el Registro de Ocupantes Indebidos de Inmuebles Rurales.
Pasan los días y los propietarios de la Finca Buenos Aires, ubicada en la vereda El Dos, jurisdicción de Turbo, Antioquia, ven con preocupación la falta de atención que a este caso en concreto le han brindado las autoridades competentes, pese a haber seguido los conductos regulares que ordena la ley.
En entrevista con Caracol Radio, Carlos Gómez, representante legal de la sociedad Viento en Popa, propietaria de las 100 hectáreas invadidas y dedicadas a la plantación de palma de aceite, no ha sido posible la restitución del dominio del predio, pese a que la situación se puso en conocimiento de la Policía Nacional, institución que debe ejecutar los actos tendientes a expulsar a los ocupantes ilegales.
“La Policía no nos da una respuesta. Hemos presentado cuatro querellas, hemos elevado solicitudes a todas las posibles autoridades municipales, departamentales y nacionales y no hemos logrado el desalojo”, aseguró Gómez.
Asimismo, informó que los invasores, pertenecientes a una organización denominada Asograt, justifican en una supuesta autorización para identificar y de ocupar terrenos baldíos su presencia en el predio y los actos de destrucción que están ejecutando para la construcción de ranchos.
Los invasores argumentan “que tienen autorización para tomar bienes, […] es un planteamiento que ellos hacen y que nosotros no encontramos que tenga ningún soporte legal” explicó Carlos Gómez, además, fue enfático en que al revisar el ordenamiento jurídico colombiano, no se encuentra ningún precepto legal que sustente las afirmaciones y actuaciones de Asograt.
Pasada una semana desde la tercera invasión sufrida por el predio en el mes de septiembre, al menos 800 personas se encuentran apostadas en el predio y 48 de las 100 hectáreas que conforman el bien inmueble han sufrido importantes daños.
Carlos Gómez también denunció que la Finca Buenos Aires no es la única que actualmente se encuentra ocupada ilegalmente, sino que también hay otras dos empresas agroindustriales actualmente invadidas.
Una de esas propiedades privadas, denominada La Florida, tiene actualmente 30 hectáreas ocupadas ilegalmente y ha sido tan frágil la acción de las instituciones del Estado, que los invasores tuvieron tiempo de levantar casas y formar un barrio completo; la otra, es una empresa donde se cultiva plátano.
Proponen crear Registro de Ocupantes Indebidos de Inmuebles Rurales
Para hacerle frente a esta problemáticas, varios congresistas del Partido Centro Democrático presentaron un proyecto de ley que busca frenar las ocupaciones ilegales, las cuales, según estadísticas se presentan en el 90 % del país.
“Se estima que la problemática afecta a 26 de los 32 departamentos del país, lo que supone un riesgo serio para la estabilidad y la seguridad jurídica de quienes ejercen la posesión o la propiedad legal y pacífica de miles de predios en el territorio nacional, así como la seguridad alimentaria y el derecho al trabajo de miles de colombianos”, explicaron los promotores de la iniciativa legislativa.
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa, tiene como objetivo eliminar los beneficios económicos que brinda el Estado para todos aquellos que organicen y promuevan invasiones a predios rurales.
En ese sentido, la senadora Paola Holguín, una de las abanderadas del proyecto de ley, comentó que se busca la creación del Registro de Ocupantes Indebidos de Inmuebles Rurales, el cuan busca tener certeza respecto de las personas y organizaciones que llevan a cabo estas acciones abiertamente ilegales.
Otro de los aspectos relevantes de esta propuesta, tiene que ver con impedimentos de índole administrativo para los invasores. “Quien organice, lidere, promueva o de algún modo participe en la ocupación ilegal de inmuebles rurales, no podrá ser beneficiario de programas de acceso o formalización de tierras”, plantea uno de los artículos del proyecto.
Afirman los congresistas promotores que la ley propuesta obliga al Gobierno a la puesta en marcha de iniciativas tendientes a la protección efectiva de los predios rurales, pues, actualmente los mecanismos a la mano de los propietarios son bastante débiles, como ha quedado demostrado en varias oportunidades donde los procesos de desalojo se extienden por un largo periodo de tiempo.
“Hay una serie de medidas disciplinarias para hacer mucho más expeditos los procesos. Se invita al Gobierno nacional que en los seis meses siguientes de la entrada en vigencia de la ley, genere toda una política pública de promoción y protección a la propiedad privada, que desincentive las invasiones”, puntualizó Paola Holguín.
