Desde febrero de este año se vienen presentando en distintos departamentos del país invasiones a terrenos privados y baldíos. Estos asaltos han provocado enfrentamientos con la fuerza pública, dejado a miles de familias sin ingresos y pérdidas a la agroindustria por más de 200.000 millones de pesos.
La situación que se vive en varias zonas del país por cuenta de la invasión a terrenos privados y baldíos es una campanada de alerta para el gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro. El hoy Presidente, estando en campaña arremetió duramente contra hacendados y empresarios agroindustriales por cuenta de las grandes extensiones de tierra donde desarrollan su actividad económica.
En uno de los componentes del programa de gobierno de Gustavo Petro, denominado: Democratizar la tierra fértil y el agua para alimentar a Colombia, puede leerse lo siguiente: “…Desincentivaremos el latifundio improductivo en tierras fértiles a través de impuestos y orientaremos la distribución equitativa de la tierra. Estimularemos el paso de la subutilización o uso inadecuado de la tierra para ganadería extensiva, hacia el uso de acuerdo con la vocación productiva, especialmente la producción agroalimentaria y la implementación de sistemas agrosilvopastoriles”, palabras que por el fervor con que fueron expuestas en la campaña y la excitación del triunfo, parecen haber sido malinterpretadas por quienes hoy intentan por la fuerza apoderarse de lo que nos les pertenece.
Actores del Gobierno tienen un alto grado de responsabilidad en tales acciones, si se analiza en detalle el discurso que algunos han difundido en redes sociales y medios de comunicación. Aunque parece haber reversado su posición, la Ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño prácticamente avaló las invasiones que en ese momento solo se habían denunciado en el norte del Cauca. “Tenemos unos sectores marginados de toda la vida que, ahora tienen representación política y tienen derecho y a ellos se les debe mucho la elección de este proyecto político. Esto quiere decir que en el dialogo de los grandes productores tiene que haber una apertura”, dijo en diálogo con La FM.
En la misma entrevista, Cecilia López fue cortante con los periodistas y arremetió duramente con quienes reclamaban acciones contundentes del Estado para restituir el derecho de dominio violentado. “Se necesita que los grandes productores entiendan que se tiene que abrir un dialogo distinto… Obviamente aquí hay que respetar derechos sin duda, pero este no es el mismo país de antes, aquí cedemos… qué quiere decir cedemos, llegar a un acuerdo”, dijo la jefa de la Cartera de Agricultura. Con los recientes hechos en Neiva y Cali, propiciados por la aparente indiferencia del nuevo gobierno, el discurso de sus altos funcionarios ha ido cambiando, ojalá no sea demasiado tarde.
¿Fuera de control?
La primera denuncia seria sobre este problema que parece crecer como bola de nieve, lo hizo Salud Hernández-Mora el 20 de febrero de este año en la Revista Semana. En su informe, la reconocida periodista explicaba, que contrario a lo que se pudiera pensar, la toma violenta de las propiedades en el norte del Cauca no era contra grandes terratenientes, sino un asunto indiscriminado e ilegal, además, denunciaba tratos racistas entre invasores e invadidos. “Los afros se levantan contra los indígenas que invaden tierras. Los Nasa les gritan: Ustedes están buenos para picarlos y sacar betún”, resumió.
Asocaña, gremio que aglutina a los productores de caña de azúcar, aseguró la semana pasada que en lo corrido de 2022 se han ocupado ilegalmente 1.000 hectáreas de tierra productiva, con el agravante de que fueron sujeto de acciones delictivas: amenazas a trabajadores, daños a la infraestructura y maquinaria y destrucción de cultivos. En ese sentido, indicó que actualmente hay 4.890 hectáreas totalmente improductivas, además, que 50.000 empleos directos e indirectos generados por este sector están en riesgo.
Mientras el problema en el Cauca se agudiza, las invasiones se replican en otras zonas del país. El 21 de agosto se denunció en redes sociales que un grupo de 200 personas habían llegado hasta la hacienda La OKA S.A.S., ubicada en las afueras del municipio de Curumaní (Cesar) y expulsaron del lugar a los trabajadores. Los invasores aseguraron que ellos se harían cargo de la explotación de las tierras usando métodos adecuados de producción.
La reacción inmediata de las autoridades competentes logró el desalojo del predio sin ningunas consecuencias económicas. Guillermo González, propietario del predio ubicado en la vereda Las Morrocoyas, informó a medios regionales que instauró la pertinente denuncia penal contra los invasores. “Ellos indican que requieren de tierras para trabajar y así lo han hecho saber. Con diálogos del secretario de Gobierno, la Policía y de todos, logramos de forma pacífica el desalojo en el lugar”, manifestó González.
Desde Fedegan se destacó la oportuna reacción y acompañamiento la Fiscalía, Procuraduría, Personería, el Defensor del Pueblo, el Alcalde y los ganaderos de la región, quienes estuvieron al pendiente de la situación desde el primer momento. José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la agremiación, manifestó que: “en este caso fue muy importante la solidaridad ganadera y también el trabajo conjunto de todas las autoridades frente a una ocupación que vulneraba los derechos del propietario de la finca y los de sus trabajadores”.
El mismo día que se anunciaba en medios de comunicación el desalojo de 200 personas que el pasado 21 de agosto se tomaron por la fuerza una hacienda en Curumaní, se advirtió de una nueva ocupación ilegal, esta vez en Dagua, Valle del Cauca. De acuerdo con La Silla Vacía, 150 personas llegaron al predio “Caballo Loco”, ubicado a una hora de Cali y se lo tomaron por la fuerza, rompiendo los alambres y expulsando a quienes allí estaban.
Destaca la extensa nota que la finca, hoy convertida en albergue para la Fundación Paz Animal, perteneció al mafioso Gilberto Rodríguez Orejuela y es administrada por la Sociedad de Activos Especiales. Así mismo, que uno de los discursos del Presidente sobre la forma de administrar los bienes por parte de SAE motivó la ocupación. Brayan Hoyos, uno de lo que participó en la invasión, confirmó esto a la Silla Vacía: “Claro que nos motivó, es que tiene razón, la SAE cómo va a venir a rematar esto a los ricos y no al pueblo. Nosotros ya veníamos organizando y cuando Petro dijo lo que dijo, pues nos dio más ánimo.”
Tras varias mesas de diálogo con la participación de la Gobernación, Alcaldía de Dagua, representantes de la fuerza pública, Asamblea Departamental y el Ministerio Público, se logó el desalojo pacífico. Como si se tratara de un acto premeditado, el viernes pasado la Revista Semana informó la incursión de más de 1.000 personas en un terreno privado ubicado en la vía que de Neiva conduce al corregimiento de El Caguan.
Medios regionales han informado que a pesar de la presencia de autoridades competentes, la policía y los diálogos que se han sostenido, estas personas se mantienen apostadas en el lugar demandando soluciones a sus problemas de falta de vivienda. Se sabe por declaraciones de quienes han tomado la vocería de los ocupantes ilegales, que son familias de escasos recursos procedentes del corregimiento El Caguán, Neiva y Rivera.
Está claro, por los hechos y la penetración y descontextualización del discurso con el que se eligió, que el reto más grande que tiene el gobierno de Gustavo Petro es garantizar la propiedad privada y del Estado haciendo cumplir las leyes. Sin embargo, aplicar la ley por dura que parezca a todos los que hoy ilegalmente invaden tierras públicas y privadas frenando la economía de algunos sectores y atentando contra el patrimonio de toda la vida de algunos, lo es todavía más; teniendo en cuenta, como dice Cecilia López Montaño, Ministra de Agricultura: estos sectores fueron determinantes en la llegada al poder de Colombia Humana.
