Al contexto regulatorio se sumaron factores económicos adversos que impactaron la rentabilidad de los proyectos, como la devaluación del peso colombiano, el aumento de las tasas de interés y el encarecimiento del financiamiento internacional. El monto de la reclamación, según trascendió, es de 700 millones de euros, ubicando este procedimiento entre los de mayor cuantía enfrentados por Colombia en el sector energético.
La empresa EDP Renováveis S.A. formalizó una demanda arbitral contra la República de Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en un proceso registrado el 10 de diciembre de 2025 y actualmente en fase inicial. El caso, identificado como ARB/25/53, se tramita bajo el Tratado Bilateral de Inversiones entre Colombia y España de 2005 y se rige por el Convenio del CIADI y su Reglamento de Arbitraje.
Esta reclamación se origina en la decisión de la compañía de no continuar con dos proyectos eólicos en el departamento de La Guajira, una determinación que, según la propia empresa, responde a la pérdida de viabilidad económica y regulatoria de inversiones estructuradas desde 2019. En un informe dirigido a inversionistas, EDP Renováveis informó que “decide no proceder con la inversión en sus proyectos eólicos de 0.5 GW en la región de La Guajira en Colombia”, tras una revisión integral de los riesgos asumidos y de las condiciones bajo las cuales se desarrollaban los proyectos.
La compañía explica que su entrada al mercado colombiano se produjo a través de los proyectos Alpha y Beta, con una capacidad conjunta de 0,5 GW, respaldados por licencias ambientales y contratos de compraventa de energía adjudicados en subastas estatales. En ese momento, EDP Renováveis destacó que se trataba de una zona con alto potencial eólico y que la inversión tendría un impacto relevante en la transición energética del país.
Proyectos estratégicos y su impacto en la matriz energética
En su comunicación oficial, la empresa subrayó que los proyectos estaban diseñados para aportar “una generación esperada de 2.5 TWh/año, lo que contribuiría decisivamente a los objetivos de diversificación y transición energética de Colombia”. Además, recordó que había contratado “PPAs para 1.7 TWh/año de energía renovable durante un período de 15 años empezando en 2022”, compromisos que implicaron obligaciones financieras, garantías y pasivos asociados.
Como parte de esa estructuración, EDP Renováveis contrató una porción sustancial del capital de inversión, incluyendo 90 turbinas eólicas, con el fin de cumplir las obligaciones derivadas de los contratos de largo plazo. Sin embargo, la empresa sostiene que una serie de eventos sobrevinientes alteraron de manera sustancial el equilibrio económico de los proyectos.
Según el relato corporativo, los primeros impactos se produjeron durante la pandemia, cuando los confinamientos impuestos por las autoridades públicas retrasaron de forma significativa el licenciamiento de la línea de interconexión requerida.
Posteriormente, la empresa identifica un punto de inflexión a finales de 2022, cuando “tras un cambio de Gobierno, se solicitaron ajustes sustanciales para el permiso ambiental de la línea de interconexión, creando un retraso significativo en el proceso de desarrollo, incluyendo el aumento en el número de comunidades indígenas locales involucradas (de 56 a 113)” .
EDP Renováveis sostiene que este endurecimiento del marco ambiental y administrativo se produjo sin mecanismos efectivos de compensación o reequilibrio económico, pese a que el propio Gobierno reconoció la existencia de dificultades estructurales en el desarrollo de proyectos eólicos en la región. Aunque en agosto de 2023 se expidió el Decreto 1276 como medida de emergencia, este fue posteriormente anulado judicialmente, manteniendo —según la empresa— el desequilibrio financiero de las inversiones.
A ello se sumaron factores macroeconómicos adversos, como el aumento de los costos de construcción, la devaluación del peso colombiano y el encarecimiento del financiamiento. Tras una revisión interna realizada en 2024, la compañía concluyó que los proyectos no cumplían con su perfil de riesgo, decisión que la llevó a retirarse definitivamente del país. En ese contexto, EDP Renováveis informó al mercado que “estima pérdidas potenciales asociadas a estos proyectos de hasta €0.7 mil millones, incluyendo el deterioro total de los proyectos y €0.2 mil millones relacionados con garantías y pasivos estimados que podrían pagarse en el futuro”.
Finalmente, es oportuno indicar que estos montos constituyen el soporte económico del reclamo sometido al tribunal arbitral, que deberá pronunciarse, en primera instancia, sobre su competencia y, posteriormente, sobre el fondo de la controversia y la eventual responsabilidad internacional del Estado colombiano.
