Sala Plena de Corte Constitucional tumbó decreto de Emergencia Económica en La Guajira

Debido a la situación que actualmente se vive en ese departamento, el Alto Tribunal difirió sus efectos en un periodo de un año, además, solicitó el fortalecimiento y aumento del presupuestos a las instituciones con competencia para la mitigación de los efectos del cambio climático.

La Corte Constitucional emitió un comunicado de prensa informando la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1085 de 2023, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira.

La decisión se toma luego de estudiar a profundidad los argumentos presentados por el presidente, Gustavo Petro y varios de los miembros de su gabinete ministerial ante los magistrados de la Corte Constitucional en una sesión que duró más de siete horas.

El boletín de prensa señala que el fallo contiene en su parte resolutiva tres numerales. El primero de éstos, se refiere a la eliminación del ordenamiento jurídico del Decreto Legislativo 1085 de 2 de julio de 2023.

Dada la situación que se presenta en el departamento al que estaba enfocada la iniciativa, la sala plena de la Corte Constitucional resolvió como segunda medida, diferir la eliminación del Decreto por el término de un año, en atención a “la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”.

Gobierno y Congreso deben adoptar medidas para superar la crisis

En concordancia con esa voluntad de evitar que se desmejoren las condiciones de la comunidad, la sentencia en su tercer numeral “exhorta al Gobierno nacional y al Congreso de la República para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias, adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira constatada en la Sentencia T-302 de 2017 y, con ello, se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país”, se lee en el comunicado de prensa.

Otro aspecto a resaltar de la decisión, tiene que ver con la solicitud de fortalecimiento de todas las instituciones que de acuerdo a las normas vigentes el ordenamiento jurídico tengan funciones relacionadas con la prevención de los efectos del cambio climático, además, se aumente el presupuesto asignado para su correcto funcionamiento y gestión sobre el particular.

Finalmente, advierten que la Sentencia C-383 2023, contó con una ponencia compartida entre los magistrados Diana Fajardo y José Fernando Reyes; informan que presentaron salvamento de voto Natalia Ángel y Cristina Pardo y Juan Carlos Cortés. Igualmente, que Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses aclararon su voto y Alejandro Linares reservó su aclaración de voto.