El ganadero que tiene arrendado el bien inmueble, denunció que los ocupantes ilegales secuestraron a los trabajadores que se encontraban en la hacienda, sacrificaron varios animales y robaron maquinaria de trabajo.
El sector ganadero es uno de los renglones del agro colombiano que más tiene que soportar los embates de la delincuencia, estadísticas liberadas recientemente, informan que, en los últimos 15 años, se han denunciado 35.000 incursiones delincuenciales.
Desde la llegada al poder de Gustavo Petro y la promesa de campaña de una reforma rural integral que entregaría tierra fértil a los campesinos colombianos, se incrementaron los episodios de invasión en todo el territorio nacional.
En varias ocasiones, entidades del Estados e han opuesto a la ejecución de procesos policiales de desalojo, agravando el problema y haciendo más difícil, cuando no, imposible, la restitución de derecho de dominio a sus legítimos dueños.
La noche del pasado 7 de agosto, mientras la mayoría de los colombianos conmemoraba la Batalla de Boyacá, una empresa ganadera volvía a ser víctima de ocupaciones ilegales, bajo la excusa de presionar la entrega de tierras para el trabajo y el hogar.
Según las denuncias de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), un grupo indeterminado de personas llegaron hasta el predio de razón social La Pola, se apoderaron del terreno con vocación de permanencia y ocasionaron daños a la infraestructura y patrimonio de esta.
“¡En Aguachica, Cesar, un ganadero está viviendo una infame invasión! En la finca La Pola no solo violaron la propiedad privada, sino que secuestraron trabajadores, hurtaron motosierras, guadañas, abrieron bodegas, ensillaron caballos para reunir ganado, amenazan con venderlo y carnearon una vaca. ¡Hacemos un llamado al gobierno nacional y que caiga todo el peso de la ley para estos delincuentes”, informó la agremiación en su cuenta en la red social X.
Los videos que acompañan la denuncia dejan ver a un número importante de invasores que se resisten al desalojo, impidiendo la entrada al sitio de efectivos de la Policía Nacional y funcionario de distintas entidades del Estado, presentes para garantizar los derechos fundamentales de los involucrados.
Esta acción ha sido rechazada de plano por varias organizaciones ganaderas del país, no solo porque afecta duramente el bolsillo de un empresario del campo, sino porque parece estar respaldada por el gobierno nacional.
Poco tiempo después de la publicación del trino en la cuenta de Fedegán, desde la Sociedad de Activos Especiales (SAE) desautorizaron la actuación de instituciones con competencia directa en la solución de este tipo de eventos, hecho que ha causado gran malestar en el sector ganadero.
“Por la vía del diálogo social, buscaremos una solución a la ocupación irregular de un predio en Río de Oro, Cesar, que es administrado por la SAE y donde hemos pedido a las autoridades suspender cualquier actuación de desalojo. Mañana realizaremos una mesa de trabajo con los ocupantes irregulares para concertar una salida que beneficie a todos los actores sociales en donde se encuentra población de especial protección constitucional como mujeres, niños, niñas, población migrante y campesinos”, respondió la entidad estatal a Fedegán.
Las reacciones no se hicieron esperar, pues, el mensaje sugiere que, sin importar los contratos que existan y otorguen la tenencia del bien, la condición de campesino y la especial protección reconocida por la ley, da luz verde para cometer este tipo de acciones, catalogadas incluso como delitos.
“Ser campesino no es patente de corso para robar, una cosa es la protección de las personas y otra diferente la impunidad”, respondió un usuario. Mientras que otro de los comentaristas hace énfasis en la necesidad de protección de la real víctima en este caso: “la invasión y el robo no tienen justificación. Hacemos un llamado urgente al gobierno para que tome acciones inmediatas y garantice la seguridad de los ganaderos”.
Finalmente, es importante mencionar que en varias oportunidades estas invasiones terminan siendo acciones de grupos organizados de ‘tierreros’ que, aprovechando la laxitud del gobierno, juegan con los procedimientos para apoderarse de los predios.
