El gremio advierte que, pese al crecimiento de la producción y las exportaciones, la baja ejecución pública, la inseguridad jurídica y el deterioro de la infraestructura rural amenazan el aporte del campo al PIB, al empleo y a la balanza comercial.
La economía rural se ha convertido en uno de los motores silenciosos del país, pero la SAC advierte que ese impulso está en riesgo si el próximo gobierno no asume compromisos concretos. En el documento “43 caminos para cumplirle al campo”, el gremio plantea una agenda económica integral para el periodo 2026–2030, dirigida a candidaturas presidenciales y legislativas.
De acuerdo con las cifras compiladas por la SAC, el PIB agropecuario creció 8,1 % en 2024 y aportó 0,8 puntos porcentuales al crecimiento nacional, mientras que las exportaciones de alimentos, bebidas y productos agropecuarios aumentaron 14 % en valor y 10,4 % en volumen entre 2023 y 2024. En lo corrido de 2025, estos bienes ya representan cerca de una tercera parte de las ventas externas del país.
El contraste aparece en el frente fiscal y en la calidad del gasto. Aunque el presupuesto del sector alcanzó un máximo histórico en 2024, con apropiaciones superiores a $7,7 billones, la ejecución de las agencias rurales apenas llegó al 38,6 %, ubicando al agro entre los sectores con peor desempeño en uso efectivo de recursos.
Para la SAC, esta brecha entre apropiación y resultados limita la capacidad de transformar el crecimiento productivo en bienestar para los 12,1 millones de habitantes rurales, de los cuales más del 41 % sigue en pobreza monetaria. Otro foco de presión económica proviene de los costos logísticos. Más del 80 % de las vías terciarias se encuentra en estado regular o malo y el 94 % no está pavimentado, lo que encarece el transporte, eleva pérdidas poscosecha y reduce márgenes para productores y comercializadores.
A ello se suman los bloqueos de carreteras: entre enero de 2023 y agosto de 2025 se reportaron más de 2.160 bloqueos con pérdidas superiores a $9,7 billones, según estimaciones citadas en el documento. Frente a ese panorama, la SAC propone medidas de choque: una ley estatutaria que garantice el flujo de alimentos e insumos en protestas, reglas claras para la jurisdicción agraria, trazadores presupuestales específicos para el agro y una política integral de financiamiento que ajuste crédito, garantías e inversiones obligatorias.
El gremio también pide corregir distorsiones tributarias y evitar que nuevas cargas anticipadas de liquidez golpeen a los productores más expuestos a la volatilidad climática y de precios. Finalmente, Jorge Bedoya, presidente de la SAC, fue enfático en la necesidad de estructurar y poner en práctica políticas públicas robustas en ese sentido.
“Este documento no es un manifiesto gremial más, es una prueba de seriedad económica para quienes aspiran a gobernar. O el país le pone reglas estables, infraestructura funcional y crédito inteligente al campo, o el crecimiento del agro se va a desinflar justo cuando más lo necesita la economía colombiana”, puntualizó Bedoya.
