La Defensoría del Pueblo advirtió que la respuesta institucional frente a los riesgos para las elecciones de 2026 es insuficiente. El cumplimiento de las recomendaciones apenas alcanza el 42 % y persisten amenazas contra líderes sociales, candidatos y autoridades en distintas regiones del país.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la persistencia de graves riesgos electorales en el país, especialmente en los departamentos de Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena, donde se concentra la mayor cantidad de amenazas en el contexto preelectoral.
En su primer Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral 013 de 2025, la entidad concluyó que el Estado ha cumplido solo el 42 % de las once recomendaciones emitidas para mitigar los riesgos, mientras que el 58 % presenta desatención. El documento registra 457 amenazas de muerte contra lideresas y líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y actores políticos.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que el principal riesgo no es la realización de las elecciones, sino las condiciones de libertad en las que se desarrollarán, ante la consolidación de estructuras armadas ilegales que imponen reglas, vetan candidaturas y ejercen control territorial en varias regiones.
El monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas evidenció que la articulación interinstitucional es uno de los puntos más críticos, con apenas 29 % de cumplimiento. En prevención y protección el avance es de 52 %, en investigación y acceso a la justicia de 55 %, y en acciones de la fuerza pública y del Ministerio Público de 65 %.
El número de municipios bajo llamado a acción inmediata pasó de 62 a 69; los de acción urgente aumentaron de 162 a 168, y los de acción prioritaria de 425 a 433. Aunque los municipios en observación permanente bajaron de 216 a 195, la Defensoría sostiene que el riesgo estructural persiste.
La coacción electoral se manifiesta con mayor fuerza en las regiones Caribe, Noroccidente y Suroccidente, donde organizaciones armadas ilegales ejercen presión sobre comunidades, candidaturas y administraciones locales.
También se identifican riesgos diferenciados para mujeres, firmantes de paz, periodistas y servidores públicos en departamentos como Cauca, Chocó, Tolima, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander y Cundinamarca.
Ante este panorama, la Defensoría formuló nueve nuevas recomendaciones y pidió al Ministerio del Interior asumir un liderazgo efectivo en la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas.
Asimismo, instó al Ministerio de Defensa a fortalecer la estrategia de seguridad, a la Fiscalía a robustecer la judicialización de casos de constreñimiento electoral y a la Procuraduría a vigilar el cumplimiento de las medidas.
