La omisión, que ya completa 11 meses, puede derivar en retroactivos, pasivos contingentes y presiones sobre el gasto de personal. El órgano de control insistió en que esta situación afecta la planeación presupuestal y puede comprometer la sostenibilidad fiscal del sector.
A través de sus canales oficiales, la Contraloría General de la República advirtió consecuencias fiscales y administrativas por la falta del decreto que establece el reajuste anual de la bonificación para los servidores judiciales del país. En el comunicado, el organismo señaló que “han transcurrido 11 meses del año y los servidores judiciales no han recibido sus salarios con ese incremento”, pese a que el ajuste debe aplicarse de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor.
El ente de control recordó que esta bonificación fue creada por el Decreto 383 de 2013 y debe pagarse mensualmente, por lo que la ausencia del reajuste afecta directamente el derecho de los funcionarios a percibir su remuneración en las condiciones previstas por la ley. Debido a esta omisión, la Contraloría advirtió que “se expone al servicio judicial de Colombia a riesgos jurídicos y fiscales por reclamaciones administrativas o tutelas que busquen exigir el reajuste y la indexación correspondiente”.
Desde el punto de vista fiscal, la entidad hizo énfasis en que la falta de actualización puede generar obligaciones futuras no registradas hoy en los estados financieros. Según el comunicado, la omisión puede llevar a “la constitución de pasivos contingentes y ciertos, puesto que la acumulación del derecho económico no reconocido podría materializarse en retroactivos salariales que deberán ser asumidos posteriormente”.
Además de los riesgos jurídicos y presupuestales, la Contraloría advirtió efectos sobre el principio de sostenibilidad fiscal, debido a la posible brecha entre lo apropiado y lo realmente debido una vez se expida el decreto. La entidad afirmó que esta situación también genera presión sobre las apropiaciones del gasto de personal y podría obligar a adiciones presupuestales que afectan los principios de planeación y anualidad.
Finalmente, el organismo instó al Gobierno Nacional a adoptar las decisiones necesarias para evitar reprocesos administrativos, costos adicionales por intereses y un uso ineficiente de los recursos públicos.
