Según el ente de control fiscal, las entidades territoriales demoran entre 60 y 365 días para desembolsar los subsidios de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, poniendo en jaque la estabilidad económica de las empresas prestadoras.
A través de un comunicado de prensa, la Contraloría General de la República encendió las alarmas por lo que considera, luego de un estudio de la información disponible, es un manejo irregular de los auxilios destinados a servicios básicos en los municipios del país.
Según el ente de control fiscal, “361 municipios no están destinando para subsidios el 15% del total de los recursos recibidos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico y 145 municipios no presentaron reportes, incumpliendo lo establecido en la Ley 1176 de 2007”.
Precisa a la par, que auditorías realizadas recientemente, revelan deudas millonarias, retrasos críticos en pagos y un preocupante deterioro ambiental por la saturación de rellenos sanitarios.
Estos hallazgos que según la Contraloría comprometen a decenas de entidades territoriales, dejan ver un problema de marca mayor: la falta de liquidez de los operadores impide una correcta disposición de las basuras y residuos, situación que, a su vez, pone en grave riesgo la salud pública y el medio ambiente.
“Las entidades territoriales adeudan recursos por concepto de subsidios a los operadores y/o prestadores de estos servicios públicos, afectando la capacidad financiera de los mismos, supeditando la prestación y calidad de los acueductos, alcantarillados y procesos de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos pues se identifican demoras en el reconocimiento de los subsidios y pagos de estos por parte de las alcaldías”, reseña la nota de prensa.
Explica igualmente, que las empresas a su cuenta y riesgo sostienen la operatividad y los servicios, esperando el desembolso de las facturas pendientes, las cuales, tardan en cancelarse entre 60 y hasta 360 días.
El informe detalla casos emblemáticos: un municipio tiene 75 facturas pendientes por $5.671 millones en subsidios de acueducto y alcantarillado, mientras otro, adeuda $4.060 millones en 13 cuentas de cobro del servicio de aseo con corte a diciembre de 2024.
Estas demoras, advierte el ente de control, atentan de marera directa contra los principios de eficacia y oportunidad ordenados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-203 de 2020. Sin embargo, el problema más grave lo afrontan los rellenos sanitarios.
“El no oportuno reconocimiento de los subsidios agrava la problemática de los rellenos sanitarios, que se encuentran al límite de su capacidad poniendo en riesgo la operación de estos, generando así afectaciones al medio ambiente por lixiviados, emisión de gases de efecto invernadero, riesgos para la salud pública y la reducción de la vida útil de los sitios autorizados de disposición final de residuos sólidos”, advierte la Contraloría.
Finalmente, informó que, ante la gravedad de la situación, inició ocho auditorías en 32 municipios de siete departamentos durante 2025, con miras a recuperar recursos, sancionar responsables y recomendar ajustes en la gestión del SGP.
